En el marco de la pelea entre el Gobierno nacional y el grupo Clarín en torno a la ley de medios, el fin de semana se conoció la noticia de una acción judicial que involucra a funcionarios, dirigentes y hombres de prensa, por el cargo de “incitación a la violencia y coacción agravada”.

La denuncia fue presentada tras los dichos públicos de funcionarios nacionales que señalaron que el diario Clarín “atenta contra la democracia” y está “detrás” de supuestos boicots contra Cristina Fernández.

La acción penal fue interpuesta por los abogados de Clarín por medio de un escrito de 35 páginas en el que hizo referencia al supuesto delito de “incitación a la violencia colectiva” por parte de funcionarios tales como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella.

En tanto, el grupo de Héctor Magnetto señaló en su denuncia a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone “como propagadores” de la “incitación a la violencia”.

Conocida la noticia y ante diferentes interpretaciones surgidas, el multimedio aclaró que recurrió a la Justicia en salvaguarda de la seguridad e integridad de periodistas, directivos y familiares, tanto del grupo como de otros medios, que resultan fustigados por la acción y las manifestaciones del Gobierno y sus funcionarios.

“No se busca imputar a periodista alguno, estos sólo serán testigos”, aclararon desde Clarín. Mientras tanto, el CELS informó que asumirá la defensa de los periodistas señalados.

El fiscal que investiga supuestas irregularidades contra el ex intendente solicitó la auditoría que elaboró el Tribunal de Cuentas y también el estudio hecho por Deloitte.

La Fiscalía Anticorrupción de Córdoba solicitó al Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Municipalidad la auditoría completa que realizó la consultora Deloitte que determinó, según denunciaron hace tres semanas los tribunos, el desvío de fondos especiales a otros destinos, licitaciones realizadas en forma irregular que derivaron en “sobreprecios” y emisión de cheques en apariencia sin respaldo, durante la gestión municipal de Daniel Giacomino.

“Esto, en principio, demuestra que existe un afán investigativo y que los hechos que hemos presentado son tenidos en cuenta”, explicó a Comercio y Justicia Jorge Font (UCR), presidente del HTC.

Además del informe de la consultora privada, la Justicia pidió la auditoría del tribunal y otros expedientes de esa repartición.

Fuentes tribunalicias confirmaron a este medio que el pedido busca cotejar la denuncia presentada por los tribunos con los hechos relevados por las auditorías.

“La denuncia, por ejemplo, habla de licitaciones que fueron dadas de baja y luego se optó por la contratación directa, pero no brinda nombres de los funcionarios que trabajaron en esos procesos, por eso se pide la auditoría completa”, explicó una fuente.

Quienes siguen de cerca la denuncia presentada el pasado 11 de septiembre recordaron que en el caso de que se detecte alguna irregularidad en la gestión de Giacomino, éste -actual diputado por el Frente para la Victoria- deberá ser desaforado por el Congreso de la Nación.

“El Código Procesal Penal de Córdoba determina que hay personas con obstáculos fundados en privilegios constitucionales, entre ellas los legisladores nacionales”, recordó un especialista.

Así, después de que el fiscal anticorrupción Hugo Amayusco determine si los hechos constituyen delitos, enviará los requerimientos de investigación a la jueza de Control quien, luego de investigar, enviará su resolución al fiscal, quien deberá elevar la acusación. Pero antes -y sólo en el caso de que se detecten posibles delitos- Giacomino, para que lo imputen, debería perder sus fueros.

La denuncia

Según la presentación del HTC, Tesorería, Recursos Humanos y Compras y Contrataciones “son las áreas con más irregularidades”.

Según el trabajo de Deloitte, hay “irregularidades” en procesos licitatorios que fueron iniciados regularmente y terminaron siendo entregados a otras firmas “con montos que muchas veces duplicaban lo pautado en un comienzo”, dijo Font. También se detectó la utilización indebida de fondos específicos y deficiencias en el proceso de ciertas contrataciones, como la venta de terrenos del ex Mercado de Abasto, los desagües de Alta Córdoba y de la avenida 11 de Septiembre, entre otras cuestiones.

En la UCR señalaron que con la auditoría “se corroboró la ausencia de controles críticos sobre el manejo de fondos y cobranzas, la existencia de préstamos contraídos con cuotas vencidas impagas, incongruencias en el cálculo de la coparticipación, débitos indebidos de las cuentas bancarias especiales, órdenes de pago sin la firma del funcionario responsable y la imposibilidad de determinar deudas devengadas por proveedores”, entre otros puntos.

El Gobierno Nacional prorrogó hoy por 30 días la intervención de YPF y de Repsol YPF GAS, y ratificó al frente de esa tarea al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof.

La decisión fue dispuesta mediante el decreto 732, publicado en el Boletín Oficial y firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

En los considerandos de la medida se indica que “la magnitud y complejidad de las tareas y funciones asignadas determinan la necesidad de continuar con la intervención de las mismas”.

“Prorrógase, desde su vencimiento, la intervención de YPF Sociedad Anónima y de Repsol YPF GAS S.A., que fuera dispuesta por los decretos nros. 530 de fecha 16 de abril de 2012 y 557 de fecha 18 de abril de 2012, por un plazo de 30 días”, dice el artículo 1.

El artículo 2 de la resolución oficial ordena también extender por 30 días “la designación como Interventor de YPF Sociedad Anónima y de Repsol YPF GAS S.A. del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, quien deberá continuar en el ejercicio de las funciones y facultades conferidas en los decretos referidos en el artículo precedente”.

Finalmente, el artículo 3 prorroga por idéntico plazo “la designación como subinterventor de YPF Sociedad Anónima y de Repsol YPF GAS S.A. del secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof, quien deberá continuar en el ejercicio de las funciones y facultades conferidas en los decretos referidos”.

Cabe recordar que tras la intervención de YPF dispuesta por el Gobierno, el Congreso aprobó el proyecto de expropiación del 51% de las acciones de Repsol en la compañía y, luego, el Ejecutivo designó como gerente general de la petrolera a Miguel Galuccio.

Denuncia

En tanto, la petrolera española Repsol presentó una demanda en la justicia de los Estados Unidos junto a una firma financiera de ese país contra el gobierno nacional por la expropiación de YPF, informó hoy un vocero del grupo en Madrid

La acción, interpuesta ayer ante un juzgado en Nueva York, fue suscripta por Repsol y la firma estadounidense Texas Yale Capital, también accionista en YPF, según trascendió hoy en la prensa nacional.

Según confirmó el comisario mayor Gustavo Folli, jefe de Bomberos, una de las bombas fue a parar al interior de la camioneta mientras que la otra impactó en la caja de los tubos de gas del vehículo.

“Además, rompieron el parabrisas y en el intento de acelerar se produjo” el accidente con los motocilistas. “Es algo bastante desagradable lo que pasó”, sostuvo el jefe de Bomberos, al tiempo que confirmó a Comercio y Justicia que realizaron la denuncia penal en la Unidad Judicial Nº2 .

Como consecuencia de las bombas de estruendo, se diagnosticó a los agentes “traumatismo acústico agudo” y deberán afrontar al menos 10 días de curación.

En tanto, los heridos de la motocicleta -identificados como Nicolás Albornos, de 37 años, y su pareja, Fernanda Rodríguez, de 28 años – tenían lesiones en sus piernas y fueron derivados al Hospital de Urgencias.

El accidente fue registrado en su teléfono celular por un albañil desde un edificio en construcción y servirá como elemento de prueba para identificar a los agresores.

El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, recomendó llamar al 142. Recordó que la policía y las autoridades judiciales tienen la obligación de receptar todos los casos.

El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, recomendó ayer a la población que ante el extravío de un niño o un adolescente se haga la denuncia urgente a la línea telefónica gratuita 142 o al 0800-122-2442, que atiende las 24 horas y que brinda asesoramiento y asistencia jurídica en forma gratuita.

En un comunicado, el funcionario nacional remarcó que “no hace falta esperar ningún plazo para realizar la denuncia” al tiempo que destacó que “lo importante es no perder tiempo” ante una situación de extravío.

Alak insistió en que las primeras horas son cruciales y recordó que tanto las autoridades judiciales como las policiales están obligadas a recibir la denuncia.

En aumento

Las recomendaciones del ministro sirvieron para recordar que en 2010 se registraron 1.851 denuncias de niños y adolescentes extraviados en Argentina, cifra que creció el año pasado. Según los registros oficiales, sólo en el período que va entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2011 ingresaron alrededor de 1.700 denuncias. Pese a todo, al 31 de julio del año que acaba de concluir, 60% de los casos había sido resuelto.

Quiénes son

Los datos ofrecidos por el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas indica que del total de los casos ingresados en 2010, el 67,5% correspondió a niñas. Por otro lado, 71,75% de los chicos perdidos tenía entre 13 y 17 años, seguido por la franja comprendida entre seis y 12 años (13,48%), mientras que 7,5% correspondió a niños de hasta cinco años. En 7,27% de las denuncias no se especificó la edad.

Los voceros del organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación subrayaron que el porcentaje de chicos víctimas de secuestros o captación por redes de trata es muy pequeño en comparación con los que se alejan de su núcleo familiar.

En este sentido, precisaron que 80% de los casos de búsqueda de personas en los que el Equipo Psicosocial del Registro ha tomado intervención durante 2010 estuvo asociado a alejamientos voluntarios del hogar, historias de conflictos vinculares, maltratos o abusos, tránsito por instituciones de abrigo o de salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, experiencias de vida en la calle y posibles impedimentos de contacto, situaciones que generalmente se presentan de manera interrelacionada.

Sofía Herrera
Más de tres años y nada

El 28 de setiembre de 2008 el país se estremecía tras conocerse la noticia de una nena de apenas cuatro años cuya desaparición era denunciada por sus padres, quienes a más tres años de su extravío siguen sin tener noticias de la pequeña.

Sofía fue vista por última vez cerca del camping John Goodall, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Para los papás de la nena, su hija está viva y evalúan la posibilidad de que alguien que los conoce pudo ser cómplice de su desaparición.