El tribunal consideró que los hechos que se les imputan en la causa deben ser considerados delitos de lesa humanidad.

Al dictar sentencia en la denominada causa “Mackentor”, la Cámara Federal de Córdoba resolvió revocar la resolución del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que había dispuesto el sobreseimiento de Jorge Rafael Videla por entender que no era delito de lesa humanidad, debiendo el juez de Instrucción proceder a la indagatoria del nombrado por hechos de abuso de poder, allanamiento ilegal de domicilio, usurpación, robo calificado y abuso de autoridad, entre otros, a los que consideró delitos de lesa humanidad.

La Sala B de la cámara, integrada por Abel Sánchez Torres, José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano, dispuso la revocación parcial de la resolución del mismo juzgado Nº 3 y dejó sin efecto la resolución que había sobreseído a Luciano Benjamín Menéndez, debiendo procederse en forma similar al caso de Videla.

Asimismo, respecto de los recursos interpuestos, se resolvió, por unanimidad, rechazar los planteos de falta de acción, inconstitucionalidad y nulidad interpuestos por las defensas, así como también el planteo de nulidad del proceso articulado por la querella –al que habían adherido los defensores Osvaldo Viola y Ernesto Gaudin-.

Con relación a los procesamientos dictados a Videla, Hermes Oscar Rodríguez, Ernesto Guillermo Barreiro, José Luis Yáñez, Enrique Alfredo Maffei, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, José Andrés Tofalo, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero, en orden a los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos, aquéllos fueron confirmados.

Paralelamente, se declaró desistido el recurso de apelación interpuesto por la defensora pública oficial subrogante, en representación de Menéndez, y se confirmó el procesamiento de Ángel Corvalán en orden al delito de privación ilegítima de la libertad agravada.

Por último, se dispuso que el juzgado de Instrucción profundice y/o amplíe la investigación de la causa y se le recomendó la mayor celeridad en su tramitación. Y, por mayoría, se dispuso remitir copia de la documental acompañada por el señor fiscal General a la Fiscalía Federal, a sus efectos.

Cabe recordar que en la mencionada causa se atribuye a Videla y Menéndez la presunta comisión de los delitos de abuso de poder, allanamiento ilegal de domicilio y robo calificado en perjuicio de los accionistas del grupo empresarial Mackentor, conformado por varias empresas e inmuebles, los cuales habrían sido apropiados ilegítimamente por orden de los nombrados.

Por otra parte, también se les imputa a los nombrados y al personal militar y civil de inteligencia que prestaba servicios en los centros clandestinos de detención La Ribera y La Perla, la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en perjuicio de los accionistas y empleados del grupo empresario Mackentor durante su estadía en aquellas prisiones.

Abogados manifestaron que el proceso se reabre para dar paso a millonarias demandas contra la Nación. La Fiscalía solicitó que se revoquen los sobreseimientos.

Se realizó ayer en la Cámara Federal de Córdoba la audiencia oral y pública prevista en el denominado “caso Mackentor”, en los autos “Videla, Jorge Rafael y otros p.ss.aa. Abuso de poder, Allanamiento ilegal de domicilio, Robo calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos”. La diligencia se desarrolló en la Sala B y fue presidida por Abel Sánchez Torres, acompañado por los jueces José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano.

En primer lugar se escuchó al fiscal General, Alberto Lozada, quien solicitó que se revoque el sobreseimiento dictado por el Juzgado Federal Nº 3 en favor de Videla, en los hechos relacionados con el apoderamiento de la empresa y los bienes del grupo empresarial referido y se adopte igual criterio respecto al rechazo del pedido de nulidad de la sentencia que oportunamente se dictó en igual sentido a favor de Luciano Benjamín Menéndez.

El fiscal sostuvo que la Cámara Nacional de Casación Penal, en esta misma causa en el año 2007, ya había fallado al respecto considerando estos delitos como conexos a los delitos de lesa humanidad y por lo tanto dictaminando su imprescriptibilidad, por lo que este criterio, de un tribunal jerárquicamente superior, debió ser respetado por el Juzgado Federal Nº 3, entendiendo que el juez a cargo cometió una equivocación al considerar que estos delitos sólo afectaban el derecho a la propiedad de las personas y de las empresas .

Posteriormente habló Jorge Agüero, defensor de Luis Alberto Manzanelli, quien dijo que en oportunidad de llevarse adelante la acción civil en esta causa, la justicia ya había dicho que todo lo actuado por el Estado nacional en esos años había sido legal. Y agregó la causa se reabre por las demandas millonarias contra el Estado que pueden venir y que el paso penal de esta manera se hace necesario.

Agüero expresó que las víctimas de privación ilegitima de la libertad y de tormentos agravados no reconocieron a su defendido y que se lo imputa porque en esos años. prestaba servicios en el área de Inteligencia, tras lo cual solicitó que se revoque su procesamiento y embargo y se ordene su libertad.

Luego expuso Ernesto Gaudin, defensor de José Luis Yañez, quien solicitó que su defendido sea sobreseído y que se declare la nulidad del procesamiento.

Tras un cuarto intermedio habló Osvaldo Viola, defensor de Jorge Exequiel Acosta, quien adhirió a los conceptos de Agüero en cuanto a los intereses económicos que puede haber en esta causa, solicitando asimismo la nulidad de las indagatorias, del requerimiento de instrucción y del auto de elevación a juicio.

Acto seguido el tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el próximo viernes 16 del corriente, a las 10.30 horas, cuando se escuchará el informe oral de la defensora Mercedes Crespi, en relación con sus defendidos, Videla, Menéndez, Arnaldo López, Ricardo Lardone, Héctor Rodríguez, Ernesto Barreiro, Carlos Díaz, Carlos Vega, Ángel Corvalán, Andrés Tofalo, Enrique Maffei y Héctor Romero, además del informe de la querella, representada por los abogados Juan Carlos Vega y Marisa Bollea.

Antecedentes

- En esta causa se investiga el apoderamiento de la empresa Mackentor por la última dictadura y el concomitante secuestro de sus directivos y accionistas.
- A raíz de una investigación llevada a cabo por el Ejército respecto de una supuesta financiación de actividades subversivas por la citada empresa, las víctimas de la causa –directivos, personal jerárquico, ex empleados o bien familiares de dichas personas- habrían sido detenidas en sus respectivos domicilios por una orden de allanamiento ilegal y luego conducidas a los mencionados centros clandestinos de detención La Ribera y La Perla, donde permanecieron en cautiverio y habrían sido sometidos a tortura.

La audiencia se desarrolló en la Sala B de dicho Tribunal y fue presidida por el doctor Abel Sánchez Torres, acompañado por los vocales José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano.

En el mencionado caso se investiga el apoderamiento de la empresa Mackentor por parte del gobierno de facto iniciado el 24 de marzo de 1976 y el concomitante secuestro de sus directivos y accionistas.

Audiencia

En primer lugar se  escuchó al Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones, Alberto Lozada, quien solicitó que se revoque el sobreseimiento dictado por el Juzgado Federal Nº 3 en favor de Jorge Rafael Videla en los hechos relacionados con el apoderamiento de la empresa y los bienes del grupo Mackentor y se revoque el rechazo al pedido de nulidad de la sentencia que oportunamente se dicto en igual sentido a favor de Luciano Benjamín Menéndez.

En segundo lugar, se escuchó al letrado Jorge Agüero, defensor del imputado Luis Alberto Manzanelli quien dijo en oportunidad de llevarse adelante la acción civil  en esta causa, la justicia ya había dicho que todo lo actuado por el estado nacional en esta causa esos años había sido legal. Agregó, que a su entender esta causa se reabre por las demandas millonarias contra el estado que puede venir y que el paso penal, de esta manera se hace necesario.

Aseguró, que las víctimas de privación ilegitima de la libertad y de tormentos agravados no reconocieron a su defendido y que se lo imputa en esta causa porque él prestaba servicios en el área de inteligencia en esos años. Solicitó que se revoque  la resolución de procesamiento y embargo contra Manzanelli y se ordene su libertad.

Luego expuso Ernesto Gaudin, defensor de José Luis Yañez quien solicitó que su defendido sea sobreseído y que se declare la nulidad del procesamiento.

El Tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el próximo viernes 16 de marzo a las 10.30 hs donde se escuchará el informe oral de la defensora Mercedes Crespi , en relación a sus defendidos Jorge Rafael  Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Arnaldo López, Ricardo Lardone, Héctor Rodríguez, Ernesto Barreiro, Carlos Díaz, Carlos Vega, Angel Corvalán, Andrés Tofalo, Enrique Maffei, y Héctor Romero. Además, aún resta que los magistrados escuchen el informe de la querella representada por los abogados Juan Carlos Vega y Marisa Bollea

(Centro de Información Judicial)

Es la causa en la cual se acusó a un grupo empresarial de financiar actividades subversivas, excusa con la cual fueron desapropiados de inmuebles y de otros bienes.

El próximo jueves 8, desde la 11 horas, se realizará en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba la audiencia oral y pública en la denominada “causa Mackentor”, en autos caratulados “Videla, Jorge Rafael y otros p.ss.aa. Abuso de poder, Allanamiento ilegal de domicilio, Robo calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos”.

La audiencia se desarrollará en la Sala B de dicho Tribunal y será presidida por el doctor Abel Sánchez Torres, acompañado por los vocales José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano.

En el mencionado caso se investiga el apoderamiento de la empresa Mackentor por parte del gobierno de facto iniciado el 24 de marzo de 1976 y el concomitante secuestro de sus directivos y accionistas.

A raíz de una investigación llevada a cabo por el Ejército Argentino respecto de una supuesta financiación de actividades subversivas por la citada empresa Mackentor, las víctimas de la causa –directivos, personal jerárquico, ex empleados o bien familiares de dichas personas- habrían sido detenidas en sus respectivos domicilios por una orden de allanamiento ilegal y luego conducidas a los mencionados centros clandestinos de detención La Ribera y La Perla, permaneciendo allí en cautiverio, donde habrían sido sometidas a tortura.

En concreto, se atribuye a Videla y a Luciano Benjamín Menéndez la presunta comisión de los delitos de abuso de poder, allanamiento ilegal de domicilio y robo calificado en perjuicio de los accionistas del grupo empresarial en cuestión, conformado por varias empresas e inmuebles, los cuales habrían sido apropiados ilegítimamente por orden de los nombrados.

Cabe señalar que por estos ilícitos ambos imputados se encuentra sobreseídos, habiendo sido recurrida dicha decisión por el Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, también se atribuye a Videla y a Menéndez, así como al personal militar y civil de inteligencia que prestaba servicios en los referidos centros clandestinos de detención, la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en perjuicio de los accionistas y empleados del grupo empresario Mackentor durante su estadía en dichos campos de detención.

En la audiencia intervendrán el fiscal General, Alberto Lozada, en tanto que la defensa de los imputados estará a cargo de la defensora pública oficial Mercedes Crespi y de los abogados Jorge Alberto Agüero, Ernesto Alfredo Gaudin y Osvaldo Alfredo Viola. La querella estará representada por Juan Carlos Vega y Marisa Bollea.