La iniciativa fue presentada por la concejala radical María Eugenia Schmuck y es similar a la que ya rige en la ciudad de Córdoba, ya que no permite la instalación, funcionamiento, regenteo y sostenimiento de esos locales.

Schmuck plantea la derogación del artículo 9 de la ordenanza rosarina vigente en materia de espectáculos públicos y establece un plazo de 12 meses para el cierre definitivo de esos locales.

También determina que la Mesa municipal de trabajo contra la trata de personas con fines de explotación sexual, creada por ordenanza 8729, sea la encargada de realizar el seguimiento y evaluación que deriven de la aplicación de la norma.

Los fundamentos de la iniciativa hacen hincapié en que en aquel delito intervienen regentes de prostíbulos, reclutadores y proxenetas, entre otros, y que los lugares de explotación más frecuentes son los cabarés y las whiskerías.

En esa lógica, la edil rosarina mencionó la legislación aprobada recientemente en Córdoba y aclaró que la iniciativa “no pretende perseguir a las trabajadoras sexuales sino a los proxenetas”.