La Corte Suprema de Justicia consideró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el Poder Ejecutivo, y suspendió la elección de 12 miembros del cuerpo por el voto popular  en las elecciones del próximo 11 de agosto.

Por mayoría de seis votos contra uno, el Máximo Tribunal de Justicia dispuso la inaplicabilidad” de la ley 26.855, promulgada en mayo último, en todo lo que no resulte compatible con su fallo.

La Corte resolvió así dos amparos, de los más de 30 que se tramitaron en la Justicia. El fallo de la Corte resultó favorable para el titular del Colegio Público de Abogados de Capital Federal y apoderado de la Lista 3 “Gente de Derecho” Jorge Rizzo y del apoderado del partido Demócrata Cristiano, Carlos Traboulsi.

Denuncia

El juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda recibió en las últimas horas amenazas por parte de militantes, poco antes de firmar la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, indicaron fuentes judiciales.

El hecho tuvo lugar este lunes cuando Maqueda -según expresó una fuente judicial- salió del Palacio de Tribunales, y pocos metros antes de llegar a su casa fue intimidado por miembros de la agrupación “La Cámpora”.

El episodio fue comentado en el acuerdo que hubo hoy entre ministros de la Corte Suprema y en en el que, finalmente, se firmó la inconstitucionalidad de la ley impulsada por el Gobierno Nacional y aprobado por el Congreso de la Nación.

En ese acuerdo, según una fuente, se habló de la necesidad del respeto de opiniones y de la necesidad de no estigmatizar a los funcionarios o personajes públicos.

Abal Medina: “Le tienen miedo al voto popular”

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, afirmó que el fallo de la Corte Suprema en contra de la votación popular para los miembros del Consejo de la Magistratura “es una afrenta al pueblo argentino”, al tiempo que sostuvo que “la profundización de nuestra democracia requiere de la participación del pueblo en todos los poderes esenciales del Estado, más aun en el Poder Judicial”.

 El jefe de ministros agregó que “quienes así no lo entienden, indiscutiblemente, le tienen temor al voto de la gente, a la expresión del pueblo. Le temen, en definitiva, al ejercicio de la soberanía popular” .

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó hoy que la elección popular y el incremento de miembros del Consejo de la Magistratura representan “una interpretación válida de la Constitución Nacional”. Ahora, el máximo tribunal quedó en condiciones de resolver sobre el tema

Al dictaminar ante la Corte Suprema de Justicia, la procuradora sostuvo que los cambios dispuestos por la ley 26.855 “no son incompatibles con el artículo 114 de la Constitución Nacional” sino que “concilia mejor su texto con el compromiso asumido con la ciudadanía, con el resguardo de la soberanía del pueblo, la democracia representativa y el consiguiente fortalecimiento de la participación ciudadana”.

El dictamen deja en condiciones a la Corte Suprema para que se pronuncie en torno a la convocatoria a elecciones de nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, el próximo 11 de agosto en las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias).

Esas elecciones fueron suspendidas la semana pasada por dos fallos de la jueza, con competencia electoral, María Servini de Cubría, que declaró inconstitucionales los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855 y la resolución 577/13, que convocó a la elección popular de los consejeros.

Dos días después, la Corte aceptó el pedido de per saltum formulado por el gobierno y fundada en “razones de urgencia” habilitó fechas para que las partes y la Procuración expresen su postura en 48 horas.

En su resolución, la procuradora Gils Carbó consideró necesario revocar esos fallos que, según resaltó, la jueza Servini dictó sin dar intervención al fiscal electoral Jorge Di Lello, en violación a lo establecido por la ley 25.946 para todos los casos de amparo.

Pero, aceptando su existencia, la titular del Ministerio Público Fiscal entendió que la ley de elección popular de los consejeros es adecuada para lograr “los fines de desalentar que intereses sectoriales o corporativos puedan prevalecer en la actuación del Consejo, al dejar sin efecto el voto calificado que regía anteriormente para la elección de los consejeros”.

Con este dictamen, la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver el per saltum del Gobierno.

Conclusiones
La Procuradora concluyó que el planteo de inconstitucionalidad de la ley realizaba una interpretación restrictiva del artículo 114 de la Constitución, “que arrastra consigo una visión más restringida de la democracia, lo que no se compadece con los artículos 1 y 37 de la Constitución ni con los instrumentos internacionales”.

Gils Carbó sostuvo que la representación de intereses sectoriales, de jueces y abogados, “no en todos los casos podría ser compatible con el ejercicio del estricto control de un poder del Estado, como lo es el Poder Judicial”.

“La voluntad del constituyente ha sido delegar en el Congreso de la Nación la determinación del sistema de elección de los miembros del Consejo, así como del número de representantes de cada uno de los estamentos que lo componen”, destacó.

A la vez, la Procuradora General señaló que resulta público y notorio que el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con la integración actual no ha logrado satisfacer las expectativas sociales que llevaron a su creación”.

Esas expectativas, indicó la jefa de los fiscales, implicaban “agilizar y transparentar la selección de jueces probos e independientes, así como adoptar procedimientos más eficaces de control y remoción de los jueces”.

El dictamen subraya que en el 2012 el Consejo de la Magistratura realizó 12 reuniones de la Comisión de Selección, se convocaron a seis concursos y únicamente se remitieron ternas al Poder Ejecutivo con respecto a dos, mientras que la Comisión de Acusación sólo sesionó 11 veces y no formuló ninguna acusación.

El nuevo régimen, dice la procuradora, “avanza en el cumplimiento cabal de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos que le imponen al Estado argentino el deber de asegurar la participación de todos en asuntos públicos tan relevantes para la vida democrática como los vinculados con el gobierno de la administración de justicia”.

Como agravante se tuvo en cuenta que con la maniobra se puso en riesgo la vida de los cascos azules que estaban en la ex Yugoslavia. El mismo tribunal había desvinculado al actual senador en 2011, al estimar que se trató de una decisión de política exterior.

Por primera vez en la historia argentina un ex presidente constitucional fue condenado a prisión. El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE3) le aplicó a Carlos Saúl Menem la pena de siete años de prisión por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, como coautor responsable del delito de contrabando agravado.

Además, fue inhabilitado para ejercer el comercio por tres años y tampoco podrá desempeñarse como funcionario público en los próximos catorce.

El ex primer mandatario no estuvo en la audiencia por problemas de salud. Según el certificado médico que presentó su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, lo afecta un cuadro de presión alta.

Como agravante, el TOPE3 tuvo en cuenta que con la maniobra investigada “se dañó la imagen internacional del país” y “se puso en riesgo la vida de los cascos azules argentinos que estaban en la ex Yugoslavia”, durante el conflicto entre croatas y servios.

También consideró que a la enajenación irregular de armas de fuego se sumó la de cohetes Pampa y misiles antitanques y que en el contrabando hubo propósito de lucro.

Si bien el fiscal Marcelo Agüero Vera pidió la pena de ocho años para Menem, el TOPE3 valoró como atenuante su avanzada edad, su precario estado de salud, el hecho de que no registra antecedentes y el tiempo que duró la causa: en 2008, tras 15 años de investigación, se inició el juicio oral.

La pena todavía no es de cumplimiento efectivo porque Menem tiene fueros parlamentarios.

Nulidad
Además, sus letrados recurrieron el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que revocó su absolución ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo su nulidad.

La defensa del actual legislador alega que Casación dictó una sentencia “arbitraria”, que violó “la garantía constitucional de la doble instancia”.

En tal sentido, Rusconi sostuvo que el fallo constituyó un exceso jurisdiccional. “La sentencia de condena implicó un esfuerzo desmedido de los miembros del tribunal, violentando así los principios de legalidad y culpabilidad”, opinó.

En tanto, el abogado señaló que hizo “caso omiso” a lo resuelto recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mohamed”, en el cual se determinó la responsabilidad del Estado argentino por no haber respetado las mentadas garantías.

El Máximo Cuerpo aún no se expidió y la mayoría kirchnerista del Senado deberá decidir si le retira los fueros -tal como pidió el acusador- a fin de que se ejecute la sentencia.

Como Menem tiene más de 70 años, si se le aplica la condena es previsible que la cumpla con el beneficio de la prisión domiciliaria.

No judiciable
El 13 de septiembre de 2011, el ex presidente y los otros 17 imputados en el proceso fueron absueltos por el TOPE3, que -por mayoría- entendió que la venta de armas no fue contrabando sino una “decisión de política exterior” y, por ello, un “acto político no judiciable”.

Sin embargo, el 8 de marzo la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó aquella decisión y les ordenó a los mismos jueces que impusieran las penas.

Desafuero
Tras la condena, el jefe de la bancada radical de la Cámara de Senadores reiteró su pedido para que se le quiten los fueros a Menem a fin de que se cumpla lo dispuesto. José Cano afirmó que el ex presidente “tiene cuentas pendientes con la Justicia y con la sociedad” y le exigió al oficialismo que “deje de protegerlo” y vote el desafuero.

El artículo 66 de la Constitución Nacional establece que cada cámara del Parlamento podrá, con dos tercios de votos, “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirle de su seno”.

Ya en marzo, tras conocerse el fallo del Máximo Tribunal Penal del país, los legisladores del GEN impulsaron un pedido de remoción del ex presidente, aduciendo que lo resuelto por Casación fue “demasiado contundente” como para ignorarlo “esperando un pedido de desafuero”.

Banca
Menem fue reelegido como senador en 2011 y su mandato vence en 2017. El ex mandatario ganó en su rubro, por lo que los dos senadores por la mayoría le correspondieron al Frente Popular Riojano.

Con ello, además de Menem, ingresó la senadora Hilda Aguirre, quien se integró al bloque del Frente para la Victoria. Así, si pierde su banca en su lugar cumplirá su mandato Néstor Bosetti, el primer senador suplente de esa lista. El abogado Ricardo Monner Sanz tildó de “histórico” el fallo, aunque manifestó que la pena debió ser más alta. A la hora de analizar su importancia, comentó que “es importante por decencia y docencia”.

No obstante, se mostró desesperanzado en cuanto a que se promueva el desafuero, opinando que Menem “fue útil a la política actual”.

Conflictos bélicos
- Entre 1991 y 1995 se exportaron 6.500 toneladas de armamento y municiones.

- Oficialmente, el material estaba destinado a Panamá y Venezuela, pero en realidad fue desviado a Croacia, en pleno conflicto de la ex Yugoslavia, en 1991.

- También se enviaron pertrechos a Ecuador, en 1995, en medio del enfrentamiento bélico de ese país con Perú por un antiguo litigio limítrofe, pese a que Argentina era uno de los Estados garantes del Tratado de Paz entre ambas partes.

- El expediente se inició en marzo de 1995, por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans.

- En 1999 se dio el primer avance importante en la causa: se probaron las ventas a Croacia gracias a un ex jefe militar que confirmó los comunicados que mencionaron la aparición del armamento.

(Ver también: Miradas contrapuestas sobre fallo histórico que condenó a Carlos Menem)

En tanto, el tribunal fijó cinco años y medio de prisión para el exministro de Defensa Oscar Camilión. El fiscal de la causa, Marcelo Agüero Vera, había pedido la pena de 8 años de cárcel para el ex mandatario y actual senador nacional. El veredicto fue dictado ante la ausencia de Menem.

Además de Menem y Camilión el tribunal se expedía sobre la pena para otros diez acusados, entre los cuales figura el supuesto traficante de armas Diego Palleros.

En 2011, el expresidente Carlos Menem y los otros 17 acusados en el proceso habían sido absueltos por el TOPE 3, que –por mayoría– entendió que la venta de armas no consistió en “acto de contrabando”, sino que fue una “decisión de política exterior y un acto político no judiciable”.

Pero el 8 de marzo pasado la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión, y ordenó a los mismos jueces que ahora impongan las penas.

Foto: NA

El municipio estudia variantes para abaratar costos y poder reiniciarla. Serían necesarios unos $35 millones. Espera poder financiarse a partir de la deuda pública que emitirá la comuna.

La administración municipal planea avanzar con el proyecto que se encuentra paralizado desde hace más de tres años, que pretende dotar a la ciudad de una sede para su Concejo Deliberante.

Un cálculo de redeterminación de costos realizada por el área de Desarrollo Urbano llegó a la conclusión de que la sede del Legislativo podrá ser completada con la inversión de 35 millones de pesos. No obstante, no se tratará del proyecto original, que salió de un concurso nacional lanzado durante la gestión de Luis Juez, sino que sería una versión más desprovista de algunos rasgos de carácter “suntuoso” -como mármol negro u ornamentación (ver aparte)-. La idea es concluirlo con una terminación más modesta.

Análisis de costos
La intención de avanzar en ese frente se halla por el momento en la etapa de análisis de costos, debido a que aún con todos los abaratamientos, se trata de una obra difícil de afrontar con las actuales finanzas.

En la actualidad, lo construido representa un avance de obra de 19% y su costo total final se calcula en 65 millones de pesos, según detalles brindados por el ingeniero Mariano de Juan,, secretario de Desarrollo Urbano. Esto implica que, de acuerdo con el proyecto original, serían necesarios otros 48 millones para culminarla. “Estamos tratando de bajarle costos a esa cifra para dejarlo aproximadamente entre 30 y 35 millones, que sería una forma de destrabar esta cuestión y que en dos años podamos terminarla”, detalló De Juan ante la consulta de Comercio y Justicia.

Por el momento, el planteo está siendo evaluado por la gestión, analizando alternativas para afrontar esos costos. “Podríamos decir que es una locura para las finanzas municipales -admitió el funcionario- pero también es un problema tener toda la infraestructura en esas condiciones”, dijo en relación con la degradación que genera en el entorno esa obra inconclusa y en estado de abandono.

Tal escenario contrasta con la recuperación que viene haciendo la provincia del cauce del río Suquía y los trabajos del propio municipio sobre las veredas. “Entre los puentes Sarmiento y Centenario estamos ensanchando veredas y construyendo una rambla para mejorar toda la zona. Si pudiéramos terminar el Concejo Deliberante se va a configurar todo un desarrollo en torno a ese sector que revalorizará toda la zona”, se entusiasmaba el funcionario, a quien parece dolerle “ese muerto que tenemos ahí”, según dijo.

El contexto actual de los números del municipio indica que los gastos corrientes se llevan 89 por ciento de los ingresos, según lo admitió este martes el secretario de Economía, Diego Dequino. Eso implica que queda muy poco presupuesto disponible para obras de esa magnitud.
Por tal razón, la única alternativa que maneja la gestión de Ramón Mestre es la del endeudamiento, y precisamente por eso se está avanzando en un proceso de emisión de deuda pública por $450 millones.

“Es la única forma en que se podrían afrontar estas obras”, ratificó De Juan,, en cuyo escritorio también aguarda financiación internacional un proyecto para la construcción de un nudo vial en el cruce de las avenidas Colón y Sagrada Familia.

Demandas cruzadas
En caso de contar con el financiamiento y la decisión política para reiniciar las obras, será necesario llamar a licitación para volver a adjudicarlas, ya que desde agosto de 2012 no hay vinculación con la empresa constructora que había sido adjudicataria.

Esto, como consecuencia de la rescisión del contrato con la firma Roberto Oresti SRL, empresa adjudicataria durante la gestión de Daniel Giacomino, que no alcanzó a desarrollar obras debido a las fallas técnicas que tenían las estructuras erigidas por la primera firma, Sadic SA.

Tales defectos habían sido constatados por una auditoría encomendada a la Facultad de Ingeniería de la UNC, la cual recomendó que no se continuara con la construcción hasta tanto fueran solucionados los “graves” inconvenientes en los pilares y fisuras en los muros (el costo para resolverlos puede oscilar en $2 millones, según De Juan).

La vinculación entre Roberto Oresti y el municipio terminó de la peor manera, pese a que la firma nunca llegó a construir nada, y actualmente sostienen demandas cruzadas ante la Justicia.

El proyecto original y su adaptación
- La obra comenzó a ejecutarse sobre parte de los terrenos municipales del ex Mercado de Abasto, en Costanera y bajada Alvear. Ocupa una fracción de 7.100 metros cuadrados, sobre los que se construirán un edificio de 5.745 metros cuadrados cubiertos, cocheras subterráneas y una gran plaza cívica.

- El diseño y todo el trabajo de proyecto fue realizado por el equipo del arquitecto cordobés Mariano Faraci, ganador del concurso de ideas.
n La alternativa que maneja el gobierno de Mestre es quitarle los elementos de lujo, como el mármol negro a utilizar en las escaleras, que se harían de hormigón.

- También se prevé obviar la instalación de un equipo de aire acondicionado central, cuyo costo supera seis millones de pesos. Sólo se instalaría aire en el recinto de sesiones.

- Además, se dejaría de lado la fuente que estó previsto construir sobre la terraza del recinto, en medio de la plaza cívica.

El ministro de Justicia, Julio Alak, anunció hoy que el Gobierno nacional apelará “entre hoy y el viernes” ante la Corte Suprema la decisión de la jueza María Servini de Cubría, quien bloqueó la elección de representantes al Consejo de la Magistratura y advirtió de que así “se suspende” el efecto de ese fallo.

En declaraciones a las radios Continental y La Red, Alak afirmó que la apelación por medio del “per saltum” a la Corte va a tener ”efecto suspensivo”.

Para el ministro, el de Servini de Cubría “es un fallo provisorio que va a suspender sus efectos con la presentación” que hará el Gobierno.

Alak advirtió de que el fallo de Servini de Cubría “cercena” los ”derechos que la Constitución otorga” a la ciudadanía y advirtió: ”Donde no hay democracia, hay aristocracia”.

“Van en contra de los principios fundamentales de la Constitución”, señaló Alak, al referirse a las presentaciones de abogados y magistrados contra la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, según informó la agencia NA.

El funcionario advirtió de que “el pueblo no delegó” en los abogados y magistrados “la soberanía popular”, por lo que es legal que se designen los integrantes al Consejo por medio de elecciones.

El Gobierno reaccionó así ante la decisión de la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, quien suspendió la elección popular de representantes del Consejo de la Magistratura y declaró inconstitucional la ley que introdujo las reformas en ese organismo encargado de remover y promover jueces.

Servini de Cubría suspendió la elección popular de los representantes del Consejo, una de las reformas sumada a aquella que incrementó el número de miembros de 13 a 19.

La jueza, en una decisión de la que se venía hablando y mencionando como probable en los últimos días, declaró la inconstitucional de los artículos 2, 4, 18, y 30 de la ley 26.855, la cual introdujo reformas en el organismo.

Esta madrugada, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, choferes, empresarios y autoridades de la Municipalidad de Córdoba acordaron un sueldo básico inicial de 10.348 pesos.

“Ayer después de más de 8 horas de discusión, alrededor de la 1.30 de la mañana llegamos a un acuerdo en la forma del cálculo salarial y cómo se aplica este 23% que fijó la UTA Nacional”, confirmó el presidente de la Tamse, Alberto Giménez.

“El Ministerio de Trabajo de la Nación hizo una propuesta que acerca a las partes y se acordó casi en la mitad de la cifra que estaba entre lo que ofrecíamos nosotros y lo que pedía UTA Córdoba”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

La suba será asumida enteramente por las empresas por lo que se descartó un aumento en el boleto para financiar salarios. La propuesta incluye cifras no remunerativas durante este año.

De esta forma se convino un punto intermedio entre los intereses de los empresarios que se inclinaban por un básico de 10.023 pesos, y los 10.772 pesos por el que bregaba el gremio de choferes.

El responsable de la empresa estatal de transporte consideró que lo más importante del convenio fue que determina la modalidad de cálculo de aquí en adelante. Así, en futuros aumentos, la fórmula de cálculo establece porcentuales a distribuir sobre distintos ítem de la planilla que conforma el sueldo inicial del conductor.

El acuerdo fue firmado por UTA Nacional, UTA Córdoba, Fatap y los cuerpos de delegados.

La exigencia involucra “más de $150 millones”, según las empresas. Es por una diferencia en el valor del boleto que fijó el Concejo Deliberante durante la gestión de LuIs Juez respecto al cálculo oficial. El municipio busca condicionar la participación de ambas compañías en la licitación a un “acuerdo conveniente”. Pagarían con títulos a 2019.

La Municipalidad de Córdoba buscará acotar el margen de acción de las empresas Coniferal y Ciudad de Córdoba tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló un reclamo de las prestatarias por diferencias en el valor del boleto generadas en 2004 y que a la fecha “supera los 150 millones de pesos”, según las compañías.

En ese marco, según pudo conocer Comercio y Justicia, el municipio presionará a las empresas para lograr un acuerdo a plazo por medio del pago con Títulos de Consolidación Municipal (TCM) y con quita en los montos como única forma de permitir que ambas empresas puedan continuar como prestatarias del sistema a futuro, en caso de resultar adjudicatarias en el actual proceso licitatorio en marcha.

Ambas partes admiten como “muy probable” que tanto Coniferal como Ciudad de Córdoba se adjudiquen al menos los corredores que actualmente prestan, entre los cuatro que aparecen abiertos a licitación.

De hecho, los pliegos de licitación hacen referencia a un puntaje extra para quienes actualmente se encuentren prestando servicios, beneficio que rige sólo para los corredores en los que se desempeñan. Con todo, los pliegos también hablan de los casos en los que los oferentes mantengan juicios con la comuna.

En ese marco, no están impedidos de participar del proceso los oferentes con demandas abiertas contra la comuna. No obstante, esa posibilidad queda vedada en caso de que el oferente resulte adjudicatario y al momento de la firma del contrato. Es decir, si alguna empresa adjudicataria mantiene demandas contra el municipio, no podrá suscribir el correspondiente vínculo contractual, paso previo al inicio de la concesión.

Las empresas aseguran que, tras el fallo de la Corte, no hay juicio pendiente y en todo caso sólo hay un monto por cobrar. Pero la Municipalidad no tiene la misma interpretación. “El fallo resultó adverso pero hay trámites administrativos pendientes que tienen que ver con la ejecución de la sentencia”, recordaron.

En ese sentido, fuentes del Palacio 6 de Julio consultadas por este medio admitieron que, tras la sentencia contraria, la comuna tiene “herramientas” para lograr un “buen acuerdo” dentro de lo complicado que resulta negociar con un fallo de la Corte por detrás.

Aunque nadie lo confirmó, las fuentes consultadas dejaron trascender que, en última instancia, el municipio podría presionar a Coniferal y Ciudad de Córdoba para que acuerden, caso contrario las concesiones terminarán en cabeza de Ersa y Autobuses Santa Fe, las otras dos empresas que se presentaron en la licitación.

Con todo, las partes confían en llegar a un acuerdo. Las empresas en conflicto pretenden continuar en el negocio y el municipio también avala implícitamente su interés en que mantengan sus zonas, con el know how que ya adquirieron en los últimos 10 años. De todas formas, las expectativas no siempre se condicen con la realidad.

En ese contexto, el municipio buscará acotar el margen de maniobra de las empresas y con la continuidad en el sistema como elemento de presión, buscará que las firmas acepten una fuerte quita en los montos reclamados y el pago con Títulos de Consolidación Municipal.

Por lo pronto, la comuna no avala los montos que surgen del reclamo. El valor que se acuerde sufriría una fuerte reducción y el monto resultante se pagaría con Títulos Clase C.

Se trata de los bonos de más largo plazo que el municipio otorgará a aquellos acreedores que consoliden deudas anteriores al 10 de diciembre de 2011, entre ellos los acreedores derivados de demandas judiciales.

Según el prospecto oficial, el título Clase C “devengará una tasa nominal anual resultante del promedio simple de tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos -Badlar promedio bancos privados- calculado considerando tasas publicadas por el BCRA desde 10 días hábiles antes del inicio de cada cupón y hasta 10 días hábiles antes del vencimiento de cada cupón menos un margen de 300 puntos básicos, con una tasa mínima del nueve por ciento (TNA 9%) y una tasa máxima del quince por ciento (TNA 15%) nominal anual”.

La tasa se devengará a partir del 1 de abril de 2012. Los intereses devengados entre abril de ese año y el 15 de noviembre de serán incorporados en su totalidad al capital, para su futura amortización. A partir del 15 de noviembre, de los intereses que sean devengados, una parte será incorporada al capital y la otra será pagada de forma trimestral según un esquema gradual hasta 2016.

Desde ese año y hasta el 15 de noviembre de 2019, se pagará ciento por ciento de los intereses. La cancelación de los intereses será trimestral con un primer pago el 15 de febrero de 2014 y un último el 15 de noviembre de 2019.

Por su parte, el capital será amortizado en cuatro cuotas semestrales, iguales y consecutivas el 15 de mayo de 2018, el 15 de noviembre del mismo año, el 15 de mayo de 2019 y el 15 de noviembre de ese año.

Además de esas características, el título Clase C incluirá un Cupón por Incremento de la Recaudación.

En 2012, Ciudad de Córdoba y Coniferal reportaron utilidades por $1,2 millón y $2,5 millones, respectivamente. En tanto, el costo salarial del aumento que reclama el gremio respecto al que ofrecen las compañías muestra una diferencia de $30 millones anualizado. La intervención de Trabajo de la Nación sería clave para una postura definitiva en el conflicto.

Por Alfredo Flury - aflury@comercioyjusticia.info

La utilidad neta de las dos empresas privadas prestatarias del servicio de transporte urbano en la ciudad de Córdoba alcanzó llegó el año pasado a $3,7 millones en conjunto, cifra que apenas cubriría 12,3% del costo salarial extra que implicaría aplicar la escala de haberes que pretende la UTA respecto al aumento que ya ofertaron las empresas en el marco de la negociación en el Ministerio de Trabajo.

Las cifras, que surgen de los balances de las empresas Ciudad de Córdoba y Coniferal y a las que tuvo acceso Comercio y Justicia, fueron corroboradas por diferentes fuentes y apuntan a exhibir cifras concretas en el marco de un conflicto de magnitud en el cual cada una de las partes asegura aplicar el parámetro correcto a la hora de fijar la escala salarial para 2013, conforme el acuerdo alcanzado por UTA nacional y Fatap a fines de abril pasado.

De acuerdo con los datos informados a este medio, Ciudad de Córdoba registró en 2012 utilidades por $1,2 millones mientras que Coniferal informó ganancias anuales por $2,5 millones.

Los ingresos y egresos de ambas compañías son ciertamente parecidos. Es que ambas tienen una flota similar y cuentan con 848 y 873 trabajadores respectivamente.

En ese marco y en función de la escala salarial acordada en 2012, el costo laboral mensual alcanza a $12 millones por empresa. A esa cifra se suman las erogaciones por repuestos, combustible no subsidiado y seguros, entre otros ítemes, además de amortizaciones por adquisiciones de nuevas unidades, cifra que se ubica en torno a 10 millones de pesos por mes pero con variaciones periódicas en función del incremento de precios.

Esos costos son cubiertos por el corte de boletos y por los subsidios nacionales. El año pasado se sumó un plus de $19,5 millones en el segundo semestre aportado por el municipio para cubrir el desfase generado por la suba salarial lograda por UTA.

Con un boleto que desde enero se fijó en $4,10, las empresas reciben un neto de $3,65. El diferencial va a Siemens y a un fondo especial para el transporte. Además, perciben un monto extra por el Boleto Educativo. Ambas prestatarias reportan un corte de boleto de entre 7,5 millones y ocho millones de pasajes por mes.

De esta forma, facturan cada una unos $14,8 millones mensuales. En tanto, por subsidios nacionales cada compañía privada recibió $6,6 millones mensuales en el inicio del año.

Ingresos y gastos, particularmente los salariales multiplicados por 13 meses (incluye dos aguinaldos anuales) muestran las utilidades finales de ambas compañías.

La discusión 2013
El conflicto salarial planteado desde hace días entre las partes por la “correcta” aplicación en Córdoba de la escala salarial -acordada en el ámbito nacional y que ahora se dirimirá en el Ministerio de Trabajo de la Nación (ver página 13A)- incluye posturas encontradas.

El acta firmada por UTA nacional y Fatap se refiere a un aumento desde abril de $1.623 a los que deberán sumarse $400 en carácter remunerativo (se venían pagando como no remunerativos). Esa acta tiene un capítulo particular para Córdoba y señala que este distrito aplicará la suba conforme el esquema habilitado por el convenio colectivo, diferente del nacional.

UTA interpreta que el aumento debe aplicarse al básico-presentismo, según detalló a este medio Adrián Lentini, vocero del gremio. Con ese criterio, los $2.023 se suman a los $3.169 de básico y $2.358 de presentismo. El resultado es un subtotal de $7.549.

A esa cifra hay que impactarle un 12,5% de Tareas Previas y Posteriores, lo que da $943 más y un porcentaje de 21,8% mensual del rubro Laudo que se cobra como porcentaje individual por día trabajado efectivamente. El rubro Laudo es de, según la escala que pretende cobrar UTA, $1.854.

De esta forma, el salario bruto conformado de un conductor-guarda sin antigüedad se ubicaría en 10.348 pesos, 36,6% por encima del monto que percibe en la actualidad. A esa suma, deben adicionarse $424 en concepto de viáticos, cifra sobre la que hay acuerdo con las empresas.
UTA avala su postura al señalar que el año pasado se pagó conforme esa escala. La posición de las empresas es ciertamente diferente. Si bien admiten que en 2012 se abonó con ese criterio, recuerdan que la decisión se produjo luego de tres días de paro y advierten de que las liquidaciones anteriores se realizaron con otra interpretación.

Según las compañías, los $2.023 deben prorratearse en porcentajes dispares en los cuatro ítemes que componen el salario y en función de la importancia relativa de cada uno. Así, para el caso del básico, se destina 41,8% de los $2.023, llevándolo de $3.169 a $4.015. En el presentismo se impacta el 31,12% para ubicarlo en $2.987,7. Tareas Previas y Posteriores, 9,12% hasta situarlas en $875,3 y Laudo, 17,92%, que lo ubica en $1.720.

En definitiva, para las empresas, el total conformado para un conductor-guarda sin antigüedad debería ser de $9.598,5 en bruto, esto es 26,7% por encima de la escala anterior. A ese valor, al igual que UTA, deben sumarse $424 de viáticos. Las posturas encontradas deberían ser ahora resueltas por Trabajo de la Nación para poner fin a una disputa que se repite cada año.

Cómo se cubre
Más allá de las diferencias de criterios sobre la aplicación de la suba salarial nacional en la escala de Córdoba, no menor resulta el origen de los fondos para pagar los aumentos.

La Nación ya comenzó a girar un incremento en los subsidios a razón de 2,5 choferes por unidad para cubrir la suba aplicada por UTA nacional. Concretamente, cada prestataria privada percibe a razón de $1,5 millones extra por mes para pagar los aumentos.

La cifra es ciertamente insuficiente para Córdoba. Es que el Convenio Colectivo local exige jornadas laborales de siete horas frente a las ocho horas del resto de los convenios vigentes en otros distritos. De esta forma, el sistema de transporte local requiere de más personal para cubrir las tareas periódicas. La relación trabajador por unidad supera 3,5 veces y en el caso de Tamse los cuatro empleados por colectivo.

De esta manera, los subsidios nacionales cubrirán sólo parte del aumento. El valor actual del boleto fijado en enero con un aumento de 28% y con el que el municipio aseguró que cubría mayores costos de 2012 de las empresas y a su vez anticipaba las erogaciones extras por una suba salarial futura sumado al aumento en los subsidios nacionales permitiría, según el municipio, que las prestatarias cubrieran sin necesidad de nueva tarifa el aumento del 26,7% propuesto.

Las empresas privadas aseguran que no es posible y que, aun con ese valor del boleto y con los mayores subsidios nacionales, requerirían entre un millón y $1,5 millón mensuales extra por compañía para afrontar esa suba.

De acuerdo con las prestatarias privadas, el costo salarial para pagar a los 850 trabajadores promedio de cada firma, pasaría de $12 a $15,2 millones mensuales con el 26,7% de aumento.

Ni hablar de la suba que solicita UTA según su interpretación de la escala. En ese caso, la erogación por empresa pasaría a $16,36 millones.

La diferencia de costo salarial entre una y otra interpretación es de $1,136 millones. Anualizada, el costo alcanzaría a $14,69 millones que multiplicado por las dos compañías privadas, se situaría en casi $30 millones extra frente a utilidades que el año pasado mostraron en conjunto $3,7 millones.

El gremio considera que las empresas, en función de los subsidios que reciben, están en condiciones de afrontar una aumento de esa magnitud. Con todo, los números dejan en evidencia las serias dificultades que generaría cubrir un aumento de ese tenor, más allá de la razonabilidad del planteo de UTA respecto de la aplicación del Convenio Colectivo local.

El subsidio a un servicio público clave y la prestación pública o privada, suponen un análisis conceptual respecto al modelo que se pretende aplicar.

Costo por hora
De acuerdo con datos de las prestatarias, las conquistas gremiales del Convenio Colectivo de UTA Córdoba llevan a que el costo laboral por hora de un trabajador local sea de $118,2, frente a los $92,3 del resto de los choferes de otros distritos del interior. El Convenio Córdoba, además de una jornada laboral de siete horas, incluye un porcentaje de dos por ciento por año de antigüedad frente al 1,5% del resto. También, viáticos remunerativos respecto a cifras “en negro” de otros convenios.

Así lo informó el vocero de la UTA, Adrián Lentini, quien manifestó que esta decisión es un “impasse” hasta el lunes, día en que se reunirán en el Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Tras el plenario efectuado desde las 14 en la sede del sindicato, los choferes decidieron levantar la medida de fuerza hoy a la medianoche. Los trabajadores aseguraron que este “impasse” se debe a que el lunes, a las 16, fueron convocados a una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

La Secretaría de Trabajo de la Provincia había declarado anoche la ilegalidad del paro de transporte urbano. Así lo había confirmado el titular de la cartera, Carlos Rodríguez, quien no descartó sanciones al gremio a escala nacional y a los trabajadores a nivel local.