La iniciativa recibió dictamen de comisión favorable en el Senado. La oposición quiere citar a funcionarios.

El proyecto oficial para expropiar la Compañía de Valores Sudamericana -conocida como ex Ciccone- y declarar de utilidad pública la emisión de papel moneda obtuvo ayer dictamen favorable en el Senado durante un plenario de comisiones, con lo cual el oficialismo dio un paso esencial para poder dar media sanción a la iniciativa la próxima semana. De esa forma, el Ejecutivo ratificó que quiere avanzar rápidamente en el Congreso con esta propuesta.

La oposición criticó, justamente, el “debate exprés” -en palabras del radical Gerardo Morales-, ratificó su rechazo a la iniciativa por desconocer a los verdaderos dueños de la empresa y pidió la presencia de funcionarios en el Congreso.

El oficialismo logró el dictamen en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, con el apoyo de Luis Juez (del Frente Amplio Progresista), Juan Carlos Romero (del Peronismo Federal) y Samuel Cabanchik (de la Coalición Cívica) De esa manera, logró que el proyecto se debata -todo indica queel próximo jueves- en el recinto. Los bloques de la UCR, del FAP y de la Coalición Cívica anticiparon que rechazarán el proyecto, aunque Luis Juez y Juan Carlos Romero disintieron con sus compañeros de bancada. El primero señaló que, aunque coincide con “algunas de las críticas”, votará a favor de la iniciativa oficial. Por su parte, Romero anticipó que acompañará la iniciativa al recordar que, al igual que Juez, había presentado un proyecto de similares características al planteado por el Poder Ejecutivo.

“Soberanía monetaria”

El senador Aníbal Fernández fue el encargado de defender el proyecto de expropiación, al señalar que el objetivo oficial es “recuperar para el Estado las capacidades indelegables e instituibles”, entre las cuales ubicó la emisión de la moneda de curso legal. “La cuestión de fondo es recuperar la soberanía monetaria, expresiones basadas en la Constitución Nacional”, subrayó.

Fernández cuestionó el hecho de que “durante años se haya intentado menoscabar a la Casa de la Moneda, buscando que no pudiera tener la capacidad de funcionar activamente de forma tal que no tuviera más remedio que contratar en el exterior”, básicamente en Brasil.

Recordó, en ese sentido, que durante décadas se encontraban “sorpresas donde misteriosamente la Casa de la Moneda perdía licitaciones por centavos” y cuestionó que se le haya otorgado la facultad de imprimir billetes a la firma Boldt que fabrica “fichas de casino”.

El ex jefe de Gabinete aseguró además que el monto de valor de la deuda que la ex Ciccone tiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es de 250 millones de pesos y precisó que ese punto se tendrá en cuenta a la hora de la tasación de la firma, que estará a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación una vez aprobado el proyecto.

Fernández consideró que “es imperioso saber quiénes son los responsables” de la empresa -un reclamo de la oposición- y evaluó que la intervención oficial de la compañía -actualmente a cargo del ministro Hernán Lorenzino y la titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura- facilitará “el poder conocer quiénes son los responsables”.

Tal como anticiparon algunos funcionarios días atrás, Fernández también explicó que los bienes de la ex Ciccone pasarán a formar parte de la Casa de la Moneda y aseguró que “se les garantizará a los empleados las condiciones laborales”.

La oposición ratificó que no acompañará el proyecto
Pide extender el debate, citar a funcionarios y conocer a los dueños de la empresa

Los principales bloques opositores, como la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Amplio Progresista (FAP) y el Peronismo Federal, ratificaron que rechazarán la iniciativa oficial, pero plantearon diferentes objeciones.

El senador del FAP Rubén Giustiniani manifestó no comprender el apuro oficial en el tratamiento de la iniciativa y planteó citar a una serie de funcionarios. Al igual que el radical Ernesto Sanz, el santafesino Giustiniani no sólo pidió citar al ministro de Economía y la titular de la Casa de la Moneda -actuales interventores en la ex Ciccone-, sino también al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; y al CEO de The Old Found, Alejandro Vandenbroele, para “enriquecer al debate”.

“El Gobierno ya está dentro de la empresa”, recordó el senador, ya que el decreto establece 60 días de intervención a cargo de Hernán Lorenzino. “Aportaría transparencia la presencia de esos funcionarios y no hacer una aprobación de apuro”, sostuvo. “Me parece que todos queremos aportar a la transparencia de todo el proceso, cruzado por distintas causas judiciales”, recordó Giustiniani, aludiendo a las implicancias judiciales que incluyen al vicepresidente Amado Boudou.

El jefe de la bancada radical en el Senado, Luis Naidenoff, ratificó el rechazo de su bloque hacia el proyecto al considerarlo un “bochorno” y exigió conocer a los dueños de The Old Found y la Compañía Sudamericana de Valores. “Aquí se ha elegido el peor de los caminos: el de la trampa y el engaño a la sociedad. Lo que estamos haciendo es un gran engaño porque nadie da la cara”, subrayó el senador.