Busca cobrar el monto comprometido por la Nación y no girado durante 2011. La demanda recién tendría resolución a fin de año aunque podría haber algún acuerdo previo a instancias del Máximo Tribunal. La presentación se produce a horas de iniciar el mes de agosto, cuando la Provincia deberá afrontar un nuevo aumento a los estatales. Sin novedades por el acuerdo previsional para este año.

El Gobierno provincial presentará finalmente hoy una demanda contra la Nación ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar el pago de 1.040 millones de pesos correspondientes a parte del déficit de la Caja de Jubilaciones del año 2011.

La acción -largamente anunciada por el gobernador José Manuel de la Sota y sus funcionarios- será finalmente interpuesta hoy por el fiscal de Estado Jorge Córdoba y el abogado Alberto Manuel García Lema, cuyo estudio ya patrocinó una demanda similar ocurrida en 2009 durante la gestión de Juan Schiaretti aunque en aquella oportunidad vinculada con un pasivo acumulado de 2002 a 2007.

La presentación se concretará por la mañana. En tanto, en horas del mediodía el jefe de Gabinete, Oscar González, brindaría detalles de la acción en rueda de prensa.
La acción judicial se produce luego de las infructuosas gestiones realizadas por De la Sota desde su asunción, en diciembre pasado.

Los planteos incluyeron, sobre el cierre de 2011, una carta en la que solicitaba la renovación del acuerdo firmado para 2010 y el año pasado.

De haberse replicado ese convenio, la Provincia debería haber recibido desde enero y hasta el 31 de julio próximo un total de 771 millones de pesos que -sumados a los 1.040 millones de pesos de 2011 que ahora reclamará en instancias judiciales- totalizan un monto de 1.811 millones de pesos.

Cada mes que se sume significaría otros 115 millones de pesos, cifra que se ajustaría al alza en septiembre cuando se incrementen los haberes de jubilados y pensionados nacionales. Con todo, aún no hay convenio en firme por este año que permita acreditar y reclamar esa deuda.

La magnitud del monto total que se acumularía hasta julio es ciertamente importante. Representa, por caso, siete por ciento de los ingresos totales previstos en el Presupuesto para este año y prácticamente dos nóminas salariales líquidas para los agentes públicos.

El bache que genera la falta de esos ingresos impacta de lleno en las cuentas públicas y, de no acordarse con la Nación en el corto plazo, tendrá consecuencias aún más serias.

Es que en agosto la Provincia deberá afrontar un nuevo escalonamiento en el incremento a los empleados públicos, en este caso de 6,25 por ciento.

El esfuerzo para cubrir esa exigencia es considerado como una bisagra en la estrategia financiera de la Provincia.

Si bien el gobernador De la Sota dijo horas atrás que la Provincia tiene asegurados los fondos para el pago de sueldos y medio aguinaldo hasta fin de año, la falta de envíos nacionales para la Caja supone una situación cada vez más complicada y obliga al Tesoro provincial a cubrir ese desfase.

Habrá que sumar también los 12 millones de pesos mensuales que se dejarán de “ahorrar” por el vencimiento de la emergencia previsional desde el 1 de agosto y, ya en noviembre, el último escalonamiento en el incremento a los agentes públicos provinciales y lo correspondiente a la prometida equiparación de jueces locales con los federales.

En esa línea, la Provincia intenta hacer equilibrio, procurando mantener una recaudación 25% por encima de la registrada en 2011 y un presupuesto de gastos que, de acuerdo con los últimos datos disponibles al 31 de marzo pasado, están claramente subejecutados, particularmente las remesas destinadas a obra pública. Sólo esas acciones han permitido sostener el ahorro corriente y el equilibrio presupuestario.

Esa conducta observada hasta marzo se mantuvo hasta ahora, según admitieron a Comercio y Justicia fuentes del Ejecutivo consultadas en las últimas horas.

En cuanto a la recaudación, la propia se ubicaba hasta el cierre de la semana pasada con un aumento interanual apenas por encima de 20 por ciento.

En tanto, los envíos automáticos desde la Nación se situaban hasta el viernes pasado 31 por ciento por encima de igual cantidad de días hábiles de julio de 2011.

La obtención de fondos a través de la emisión de un título en dólares, con un remanente por colocar aún disponible, sumado al programa de Letras del Tesoro, serán el reaseguro para mantener el funcionamiento del Estado por los próximos meses a la espera de un acuerdo con la Nación o un eventual fallo de la Corte Suprema.

La evolución de la situación económica aportará el contexto ineludible sobre el panorama de corto y mediano plazo que deberá afrontar la Provincia.

Por lo demás, habrá que seguir de cerca las consecuencias que la presentación judicial pueda acarrear para Córdoba desde el punto de vista político y su impacto sobre, por ejemplo, el envío de fondos discrecionales para otros fines. La aspiración presidencial no confirmada en público de De la Sota podría impactar en las chances de la Provincia.

En ese contexto se incluyen las partidas destinadas a obra pública. Sobre ese punto, la Provincia mantiene un reclamo administrativo por casi $500 millones referido a obras viales y viviendas y que, según admitieron fuentes oficiales a este medio, también podría desembocar en un reclamo judicial.

Más allá del reclamo específico por el tema de la Caja, la situación de Córdoba no escapa al escenario general que domina a las provincias, la mayor parte de ellas con fuertes desequilibrios financieros y con requerimientos de ayuda al Gobierno nacional, que por ahora sólo ha manifestado que colaborará con los Estados federales en problemas (aportó para sueldos y aguinaldos a Buenos Aires luego de llegar a una situación límite) pero cuya “caja” también siente los signos de la desaceleración económica.

Vence la emergencia

La emergencia previsional dispuesta por ley en julio de 2008 vencerá finalmente mañana. La norma instituida por la Legislatura tenía vigencia por dos años con posibilidad de prórroga por un período similar. La ley 9504 incluía, en el capítulo destinado a la emergencia, el pago con títulos a jubilados con haberes más elevados, además de un aporte patronal extraordinario. La caída de esa norma implicará a la Caja (en definitiva a la Provincia) una erogación mensual extra de $12 millones, según el secretario de Previsión Social, Osvaldo Giordano.