El compromiso fue asumido por el Ejecutivo en una reunión que mantuvo con representantes del Poder Judicial. El aumento despertó la alarma entre los empleados judiciales. La readecuación de los salarios de los magistrados provinciales con sus pares federales se había postergado en enero 

La tan ansiada equiparación de los jueces provinciales de Córdoba con la justicia federal, que debía concretarse en enero de este año, finalmente se haría realidad en noviembre .

El compromiso fue asumido en una reunión que mantuvieron semanas atrás representantes del Poder Judicial con el jefe de Gabinete, Oscar González, y la ministra de Justicia, Graciela Chayep.

Fuentes a las que pudo acceder Comercio y Justicia indicaron que del cónclave participó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) Domingo Sesin y el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Paoloni. En ese encuentro, los jueces habrían reclamado al Ejecutivo que a fin de año se cumpla efectivamente con la entrada en vigencia de la equiparación y no se vuelva a postergar, tal como ocurrió en enero.

En ese marco, tras el compromiso asumido por el Ejecutivo, este medio pudo conocer que los magistrados han dejado en “stand by” la acción declarativa de certeza que presentaron en febrero ante la Sala Electoral del Tribunal Superior para que se declare la inconstitucionalidad la ley 10035, que postergó la readecuación salarial de los magistrados.

En esa oportunidad, la equiparación del sueldo de los jueces implicaba un desembolso de 147 millones de pesos anuales, cifra que será más elevada hacia fin de año habida cuenta de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha venido realizando aumentos progresivos a lo largo de este año.

En enero, el Gobierno provincial justificó la postergación de la readecuación a los jueces y funcionarios judiciales por la deuda de la Nación, que alcanzaba 1.700 millones de pesos. Así, si bien se mostraron a favor de la equiparación pidieron a la Justicia que acompañen al resto de la sociedad ante la “asfixia financiera” que sufría la Provincia. A su vez, advirtieron que los aumentos a los magistrados no podían superar los porcentajes de suba salarial que se concedería a la Administración pública y que fue del orden de 25 por ciento.

Repercusiones

Consultada por este medio, la titular de la Asociación de los Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), Irina Santesteban, remarcó que si bien están de acuerdo con la ley de equiparación esperan que vaya acompañada de la tan reclamada ley de porcentualidad para el resto de los empleados judiciales.

Santesteban opinó que sería injusto que la Provincia tuviera dinero sólo para los jueces y que los empleados del Poder Judicial debieran conformarse con el mismo incremento que se pauta para los empleados públicos.

“Queremos una ley de remuneraciones como la que tiene Santa Fe. Nos conformamos con una porcentualidad de 70 por ciento “, concluyó.

Idas y vueltas
Crónica de una postergación

La ley 9725 fue sancionada el 27 de diciembre de 2009, durante la gestión de Juan Schiaretti. En ella se establecía un proceso de equiparación de lo que perciben los jueces y funcionarios judiciales provinciales con 90 por ciento de lo que cobran sus pares de la Justicia Federal.

La readecuación se fue haciendo en forma paulatina hasta el 10 de enero de este año cuando, ya con el gobierno de José Manuel de la Sota , en una sesión extraordinaria, la Legislatura Unicameral decidió postergar la norma por razones presupuestarias.

La decisión adoptada tuvo como respuesta una acción declarativa de certeza de los magistrados ante la Sala Electoral del TSJ, que hasta la fecha no resolvió.