Firmado por el radicalismo, se trata del primer proyecto que pretende, a partir de la recuperación de la facultad del Congreso de fijar impuestos al comercio exterior, dar previsibilidad a la actividad del sector.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara de Diputados impulsa que se fije por ley un programa de reintegro a la producción lechera argentina, iniciativa que, de ser aprobada, se convertirá en la primera en dar previsibilidad a un sector agropecuario desde que el Congreso recuperó la facultad (delegada años anteriores en el Ejecutivo) de fijar los aranceles al comercio exterior.

Esa medida significaría el retorno de la política de subsidios que, para un sector que asegura sufrir las consecuencias de un tipo de cambio bajo, de la inflación, de 154 por ciento de aumento de los costos de producción desde 2006 y de las trabas para exportar, sería mucho más que un plan de contingencia, significaría “dar previsibilidad” a la actividad lechera nacional.

La iniciativa legislativa, que cuenta con las firmas de los diputados radicales Jorge Chemes (Entre Ríos), Ulises Forte (La Pampa), Lucio Aspiazú (Corrientes), Juan Casañas (Tucumán) y Ricardo Buryaile (Formosa), y del peronista (Frente para la Victoria) Raúl Barrandeguy (Entre Ríos), busca establecer reintegro a las exportaciones industriales lácteas que parten desde 2,8 por ciento y llegan, en algunos casos, a 6 por ciento.

“Se trataría de una compensación de 30 centavos de peso por kilo/litro producido para el caso de la leche en polvo”, explicó a Comercio y Justicia el economista y asesor de la Cámara, Hernán Neyra.

Los aportes reintegrables permitirían beneficiar a aquellos tamberos que producen hasta 6.000 litros diarios, aunque se fija como tope a compensar los primeros 3.000 litros, según la propuesta elaborada por las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

De esta manera, se verían beneficiados unos 9.100 productores sobre un total de 11.646 contabilizados en todo el país. “El monto de compensación no superaría 1.161 millones de pesos”, explicaron en la entidad como manera de cuantificar el impacto fiscal de la medida en caso de que se implementare.

Cabe destacar que la propuesta cuenta con un artículo específico que permite que, “sólo en caso de necesidad fundada, el Poder Ejecutivo disminuya los valores establecidos (…) en hasta 25 por ciento y por un plazo de hasta tres meses. Vencido ese plazo, los valores volverán a ser los establecidos por ley y sólo podrán ser modificados por una nueva ley”, según reza el proyecto.

“Con este apartado se busca lograr un equilibrio”, dijo Neyra. “No se trata de un proyecto corporativo de la oposición que persiga la salvajada de desfinanciar el Ejecutivo. Se trata de proveer herramientas de política que den incentivo al sector productivo sin restarle fondos al Ejecutivo”, indicó.

Según los objetivos de la iniciativa, la ley busca “promover la estabilidad de los precios reales percibidos por los productores lecheros; asegurar la mayor provisión de leche y derivados en el país, generando incentivos al aprovechamiento de oportunidades de exportación; y establecer un marco de previsibilidad en las políticas públicas a la vez que impulsar su revisión periódica”.

Según informó el economista, el proyecto fue girado y se encuentra en análisis de los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Agricultura y Ganadería y Comercio, de la Cámara de Diputados.