Fue pedido un informe por un juez de Mar del Plata, quien admitió el amparo de un abogado que quería adquirir US$10. Al igual que en Córdoba, el magistrado rechazó la medida cautelar interpuesta por el profesional.

La batalla judicial por las restricciones oficiales a la compra de dólares ya comenzó y promete intensificarse si es que no se flexibilizan los controles.

Hasta el momento, al menos una decena de personas presentó ante la Justicia recursos de amparo para que el Gobierno les permita adquirir divisas estadounidenses, ya sea como reserva de valor, para cancelar deudas contraídas en esa moneda o para poder contar con dinero para viajes previstos al exterior.

Los expertos prevén que esa cifra irá en incremento y que tales peticiones encuentran sustento en las propias palabras del titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien afirmó que quienes se sientan afectados por las restricciones oficiales podrán reclamar legalmente.

En Mar del Plata se conoció ayer que la justicia de esa ciudad rechazó una medida cautelar presentada por un abogado que pretendía comprar diez dólares. Pese a esto, el juez federal Alfredo López no hizo lugar al pedido del fiscal, que pretendía cerrar definitivamente el caso denegando el amparo.

La resolución del magistrado tuvo como singularidad el pedido de un informe a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que en diez días explique los “antecedentes y fundamentos” de la norma que restringe la compra de divisa norteamericana. La AFIP había asegurado en una respuesta judicial que no era la responsable de prohibir las operaciones y le pasó la responsabilidad al Banco Central.

En Córdoba también se presentaron amparos por los controles. El más conocido fue el de una mujer cordobesa que vive en Londres y que apeló a este recurso legal porque no pudo comprar billete norteamericano para su subsistencia en aquella ciudad. En este caso, la justicia también rechazó la cautelar y se espera la resolución de fondo.

Otras demandas
Daños y perjuicios

Además de los amparos, algunos especialistas destacan que los particulares pueden iniciar una demanda contra el Estado por daños y perjuicios.

Según el abogado Fabián Bergenfeld, esto es así porque -de no mediar un reglamentación general que surja del propio Congreso- “el artículo 43 de la Constitución Nacional (CN) prevé que, ante cualquier avasallamiento de los derechos que sea consecuencia de un acto de una autoridad pública, un particular puede presentarse ante el fuero Contencioso-administrativo”.