Miembros de la comisión creada para el proyecto anticiparon que el trabajo puede demandar más de seis meses. Buscarán darle uniformidad a la normativa. El lunes se reunirán por primera vez.

Un mes y medio después de que se conoció el anteproyecto para una reforma integral del Código Civil, el Gobierno nacional publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto de creación de la comisión para la elaboración -en un plazo inicial de seis meses- del proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal.

La formalización de la iniciativa quedó plasmada en el decreto 678/2012, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

En el artículo 4º de la norma se confirma que la comisión estará integrada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni -quien actuará como presidente- los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO), la ex diputada socialista María Elena Barbagelata y el ex camarista León Carlos Arslanian. Todos los integrantes -aclara el decreto- desempeñarán sus cargos “ad honorem”.

En el 3º artículo se establece que el proyecto de ley de reforma se deberá elevar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el plazo de 180 días corridos, a partir de la fecha de su constitución”, aunque aclara que “dicho plazo podrá ser ampliado a pedido de la Comisión”.

Al respecto, el presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja, Ricardo Gil Lavedra, que el lunes se reunió con la presidenta Cristina Fernández, estimó que “es probable que el plazo sea mayor”.

Uniformidad

En diálogo con Comercio y Justicia, Gil Lavedra precisó que el lunes se concretará la primera reunión de trabajo. El nuevo proyecto de Código Penal tiene cerca de 900 reformas y explicó que lo que se busca es “tratar de darle uniformidad al actual, que no la tiene”. El legislador radical sostuvo que “el Código Penal está destruido porque son muchas modificaciones que le han deformado todo tipo de racionalidad y proporcionalidad en el régimen punitivo”.

Por otro lado, señaló que “había que discutir modernas formas de encarar el régimen de sanciones, la posibilidad de encarar penas alternativas, que en todos los casos haya una consecuencia que no sea la pena de prisión”. También se pronunció por “mejorar la cuestión de la ejecución de la pena, la cuestión de los menores, etcétera”.

Al mismo tiempo, Gil Lavedra señaló la posibilidad de incluir legislación sobre inseguridad: “La cuestión de la seguridad, la influencia que tiene, sin duda, también la cuestión de los medios con la reproducción muchas veces de las mismas noticias, que esto tiene un impacto criminológico notable, la cuestión de la prevención de los jóvenes y el tema de las drogas”.

Consultado sobre el aborto no punible, el jurista expresó que “divide tanto a la sociedad que merecería ser discutido con mucha mayor amplitud” y manifestó la necesidad de que “tenga un debate propio”.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales de PRO, Federico Pinedo, aseguró que la comisión intentará redactar una normativa “moderna y razonable”.