El fiscal federal Carlos Gonella dialogó con Comercio y Justicia sobre el avance del proceso en el que el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 juzgará los delitos cometidos en el ex centro clandestino de detención La Perla. Entre los acusados figuran Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Rodríguez y Luis Alberto Manzanelli.

El defensor de uno de los acusados en la denominada megacausa La Perla -en la cual se investigan decenas de delitos de lesa humanidad- pidió el miércoles pasado la suspensión del inicio de debate previsto para el 12 próximo. Ese día iba a comenzar oficialmente el juicio contra militares acusados de torturar y asesinar entre 1976 y 1978, en ese centro clandestino de detención ubicado sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz.

Lo hizo para esperar que la Cámara resuelva sobre las causas Bruno Laborda y Acosta –en las que se investigan 150 hechos- ya que, según argumentó, su defendido está acusado en ambos juicios.

En la audiencia del miércoles, además de los defensores particulares y de oficio y los representantes de las querellas, estuvo presente el fiscal federal Carlos Gonella, quien explicó a Comercio y Justicia si este pedido demorará el inicio de la megacausa y opinó, además, sobre el proceso que se lleva a cabo contra los delitos de lesa humanidad en Córdoba.

- ¿Cuáles son las novedades en la megacausa La Perla?
- Lo que se planteó es una cuestión de índole práctica: para qué empezar el juicio (megacausa de La Perla) ahora si en dos o tres meses se elevará otra causa -donde imputados y pruebas se repiten- con una cantidad importante de hechos que deberá esperar a que se resuelva la megacausa. En tal sentido, nuestro argumento es continuar con la política institucional del Ministerio Público que desde 2008 brega por llevar adelante juicios representativos en cantidad, para terminar con juicios de una o dos víctimas y cinco o seis imputados. Es decir, tratar de aportar criterios prácticos mediante los cuales se pueda ver que el sistema de administración de justicia da respuesta.

Todas las partes hicimos consideraciones prestando conformidad. Además, (el abogado de Hijos, Claudio) Orosz pidió que a los nueve expedientes que componen La Perla se sume la causa Bergés, mediante la cual se juzgarán hechos anteriores al 24 de marzo, desde inicios de 1976. Allí casi todos los imputados son los mismos y la fenomenología es similar. Es una causa que está incorporada al TOF1 pero no a los nueve expedientes.

También las Abuelas pidieron que se acumule la causa Díaz, en la que se investiga la tortura y desaparición de la hija de Sonia Torres y la sustracción de su nieto. Esa causa será elevada en poco tiempo a juicio.

Así, si se acumulan las causas Bergés, Bruno Laborda, Acosta y las nueve iniciales tendríamos un juicio en torno a 400 casos.

- Entonces, ¿se puede demorar el inicio?

- El tribunal aún no resolvió suspender la audiencia del 12 de junio, pero si lo hace, deberá esperar que se eleven a juicio las otras causas. Estimo que para septiembre u octubre deberíamos tener un panorama más claro en cuanto al inicio del juicio, que hay que recordar se trata del segundo juicio más grande por delitos de lesa humanidad en el país.

Además, cabe aclarar que hay varios cientos de hechos más que están en etapa investigativa, que seguramente constituirán “La Perla II”.

- ¿Hay pruebas contundentes para condenar a los acusados?

- Está acreditada la existencia de La Perla como campo de concentración y exterminio, entonces, las personas que están acusadas por hechos ocurridos en La Perla ocuparon un rol en ese lugar y entonces la acusación está sustentada en importantes elementos de pruebas documentales y testimoniales.

Ahora, el estándar probatorio de un requerimiento a juicio no es el mismo que el que se exige en una condena . En el juicio puede que no se pruebe la condición de certeza que se exige y en consecuencia debe sobreseerse.

Lo más destacable de este proceso histórico que estamos viviendo es que acá se llevan adelante juicios que son respetuosos de las garantías constitucionales. No basta en estos juicios demostrar que un policía formó parte del D2 sino que fue partícipe en el plan sistemático de desaparición de personas. Incluso yo pedí absoluciones en la causa de Videla.

- ¿Cuál es el valor social de estos juicios?

- Pienso que estamos trabajando por una etapa histórica muy importante porque el ocultamiento durante el gobierno menemista de estos hechos, tan caros a nuestra historia reciente, tarde o temprano explotan en patologías sociales, no sólo en personas que padecieron los delitos sino también para generaciones jóvenes que no tenían noción de las barbaridades que se cometieron.

Creo que llevar estas causas a juicio tiene un valor pedagógico muy importante porque significa que la república y la institucionalidad que determina un sistema republicano da respuesta a las barbaridades que se cometieron durante un plan sistemático de eliminación de personas por motivos políticos.

El lugar que yo ocupo es de mucha responsabilidad, me considero afortunado por formar parte, como protagonista, del Ministerio Público, que es el órgano constitucional que actúa en defensa de los derechos de la sociedad.

- ¿Por qué fue posible realizarlos ahora?

- Fue posible hacerlo gracias a una decisión política de verdad, memoria y justicia que tomó adelante el gobierno de Néstor Kirchner. Esa decisión política fue motivada por el reclamo inclaudicable de los organismos de derechos humanos. Kirchner acogió su reclamo, en especial de Madres y Abuelas.

Esa decisión se tradujo en proyectos de leyes que el Ejecutivo envió al Legislativo, en la creación del programa “Verdad y Justicia” para proteger a los testigos, en la declaración de nulidad de las leyes de impunidad hecha por la Corte. De esta manera el Estado republicano dió respuestas. Creo que en 2005 hay una refundación de la república.

- ¿Quedarán muchos hechos sin juzgar?

- No hay datos estadísticos de la barbaridad que cometieron. Sí puedo decir que en poco tiempo estaremos en condiciones de decir que el sistema de administración de justicia argentina dio una respuesta eficiente respecto a los delitos de lesa humanidad. No sé si en todos los casos.

En ese sentido, creo que la justicia de Córdoba ha hecho su aporte que, si bien todavía falta, ha sido positivo. Acá se hicieron cuatro juicios cuando hay provincias, como Jujuy, donde no se ha hecho ninguno.

- ¿Les faltan recursos para investigar estos casos?

- Las dificultades que hemos visto en estos siete años se han ido soslayando durante la marcha. La Corte Suprema ha dotado de cargos y tecnología, el Ministerio Público nos ha dado cargos y contratos y estamos en condiciones de poder dar una respuesta. Por ahí faltaría reforzar la planta de personal o mayor capacitación.

- ¿Por qué hay sectores que no quieren que se ventilen estas causas?

- Ésta no fue sólo una dictadura militar. Los militares fueron un instrumento de las elites dominantes. Aquí las oligarquías terratenientes tenían temor de que los sectores populares avanzaran sobre la política.

Acá hubo muchos sectores de la sociedad que apoyaron al golpe del 76. La sociedad, en su conjunto, algunos activamente y otros pasivamente, acompañó. Es claro que no se puede juzgar penalmente a la sociedad pero estamos viendo cómo componentes civiles tuvieron participación activa con la represión ilegal. En tal sentido, yo llevo una causa contra magistrados y funcionarios del Poder Judicial que tenían a su cargo las causas de los detenidos en el penal de San Martín, a cuyos presos masacraron.