La Cámara de Diputados aprobó esta noche el proyecto que establece la recuperación del control estatal sobre YPF  con un respaldo mayoritario de los bloques. La iniciativa, que ya poseía media sanción del Senado,  recibió el voto favorable de 207 diputados.

Luego de dos maratónicas jornadas de debate en el recinto, la Cámara de Diputados de la Nación dio el visto bueno al proyecto impulsado por el Ejecutivo Nacional que permite expropiar 51% de las acciones de la petrolera nacional,  que hasta ahora estaban en manos de la compañía española Repsol.

La extensa discusión de dos días en la cámara Baja  estuvo enmarcada en la férrea defensa del oficialismo del proyecto original y las duras críticas de los diputados de la oposición a la política energética del actual Gobierno nacional, quienes aún así acompañaron con sus votos la propuesta.

En total, la expropiación cosechó 207 votos a favor, 32 votos en contra y 6 abstenciones.

Claves del proyecto

El proyecto que se aprobó esta noche  declara “de útilidad pública” y como “objetivo prioritario” el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos para la Argentina, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización.

La norma faculta además al Estado a tomar medidas en ese sentido, a fin de “garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.

La política hidrocarburífera que se especifica en la ley apuntará a: la promoción del empleo; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas; la explotación y restitución de reservas; la integración del capital en alianzas estratégicas para explorar y explotar hidrocarburos convencionales y no convencionales; y la maximización de inversiones y recursos con miras al autoabastecimiento.

Son también objetivos: la incorporación de nuevas tecnologías; la promoción de hidrocarburos con alto valor agregado; la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos; y la obtención de saldos exportables.

Además, la ley crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por la Nación (a través de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Planificación Federal, Trabajo e Industria) y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así, se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A., representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas (hoy con 57,43% del capital).  La expropiación también comprende al 51 por ciento de las  acciones que Repsol posee en YPF Gas, la principal firma de comercialización y fraccionamiento de gas en garrafas. Las acciones expropiadas se distribuirán en un 51% para el Estado nacional y el 49% restante entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

La iniciativa establece que YPF S.A. continuará operando como una sociedad anónima abierta, a la cual no se le aplicará la legislación o normativa administrativa de las empresas públicas.  Se permite a YPF acudir a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.