Desde la recuperación de la democracia hasta hoy, el Inecip ha producido y produce innumerable material escrito plasmado en libros, revistas y publicaciones de todo tipo y formato donde exista un espacio para debatir, provocar y proponer ideas alrededor de aquellos temas que han tenido y tienen relación con los objetivos que el instituto siempre se propuso y de los que nunca desistió: el fortalecimiento del Estado de derecho y el compromiso irrestricto con las garantías de los individuos. En ese sentido -y esta vez en el espacio que compartimos con Comercio y Justicia-, seleccionamos artículos escritos a lo largo de estos años, los cuales, por no haber perdido vigencia, juzgamos importante volver a publicar.

Por Lic. Laura Rocha /  Coordinadora del Taller de Expresión, en el penal de Bower 

El 24 de agosto de 2011 fue promulgada la ley 26695, que sustituye los artículos 133 a 142 del capítulo octavo, titulado “educación”, de la ley 24660 de ejecución de la pena privativa de la libertad. Ya comenzaron los debates en torno a su puesta en práctica, cuáles son los desafíos que presenta, como así también el controversial sistema de estímulos.

Estadísticas oficiales

En Argentina, según un informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, de 2007, de las personas privadas de la libertad muy pocas tienen sus estudios completos. Sobre un total de 50.980 internos, sólo 2.594 habían completado su educación secundaria. Habían completado únicamente la primaria 23.599 internos, mientras que los presos con estudios primarios incompletos ascendían a 11.410; y 2.910 no habían recibido ningún tipo de instrucción.

En recientes entrevistas con los ministros de Educación y de Justicia de la Nación se informó que casi 65% de la población carcelaria federal se encuentra cursando “en el sistema educativo formal en los niveles primario, secundario, terciario y universitario de grado y posgrado”. Estos porcentajes se ven disminuidos cuando hablamos del sistema penitenciario provincial, en el cual si bien se carecen de cifras oficiales desde 2005, los porcentajes son sensiblemente inferiores. El ministro de Justicia nacional, Julio Alak, afirmó que “está probado que la formación de los condenados reduce significativamente los niveles de reincidencia en el delito”.

Su par de Educación, Alberto Sileoni, aseguró que “sólo del 5 al 6 por ciento de los egresados del sistema penitenciario que cursaron estudios durante sus condenas vuelve a delinquir, y ese indicador cae a cero por ciento en los casos de quienes egresan con un título universitario”.

La antigua redacción de la ley entendía la educación como un modo de que el preso comprenda sus deberes y se adapte a las normas que regulan la convivencia, propio de los paradigmas de “normalización o reconfiguración de los sujetos”, es decir lo que el Estado espera de ellos y no lo que ellos desean afrontar mediante su educación. Sin dudas, ésta revaloriza la autoestima del preso y le brinda la posibilidad de afrontar otro tipo de compromisos en su vida social y laboral, brindándole herramientas que, como bien se sabe, la mayoría no ha tenido la oportunidad de acceder por situaciones de extrema vulnerabilidad.

La nueva normativa reafirma el concepto del preso como sujeto de derecho y que, como tal, tiene derecho a la educación como si estuviera en libertad, asumiendo a su vez la obligatoriedad de la escolarización mínima de toda la comunidad penitenciaria. El punto más discutido, sin dudas, es el referido al sistema de estímulos, que establece reducciones en los plazos requeridos para el avance mediante las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario. Es necesario apostar a la educación como un derecho y no como un premio.

Si bien consideramos que esta norma implica un avance que promueve el ejercicio de un derecho por parte del preso, también tenemos que acotar que debe asegurarse que el ejercicio de este derecho no se convertirá en un mero paso “utilitario” a fin de lograr un avance de fase. Ya que la educación es algo inherente al desarrollo individual y social.

Este sistema de estímulos, como así también la prohibición de limitaciones fundadas en motivos discriminatorios, deberán ser severamente custodiadas por los operadores del sistema y en especial por los jueces de ejecución a fin de no hacer del texto de esta ley una mera ilusión y frustrar el derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución Nacional y reconocido en esta normativa.

Testimonios que surgen dentro del Taller de Expresión en el Establecimiento Penitenciario N°3 de Mujeres en Bower.

Desde 2009, el Inecip se ha comprometido en crear un espacio con el objetivo de lograr incidencia en cuestiones carcelarias, por medio de talleres de promoción de derechos. El grupo de trabajo busca construir un espacio liberador que rompa con las lógicas del encierro y las dicotomías entre el “adentro y el afuera” y entre “libres y presos”, partiendo del reconocimiento de la igualdad de tod@s como ciudadan@s y sujetos de derechos. Con este fin, los encuentros tienen la idea que promociona Rodolfo Walsh de “hacer circular” información, patrimonio cultural (llevando eventos artísticos, organizaciones sociales, etcétera) y herramientas expresivas.

De esta forma es que a finales del año pasado llevamos para debatir en torno al tema “educación” una carta realizada por las presas del Penal de San Martín, de Buenos Aires, y la nueva modificación de la ley. Con ello surgió la necesidad de contestar a sus compañeras de causa, expresando la situación que en la ciudad de Córdoba se vive desde los contextos de encierro para las mujeres. Hoy por hoy nos parece que es sumamente importante, cuando el tema de la educación en contextos de encierro se pone en discusión, dar lugar a la voz de las protagonistas. Por ello exponemos extractos de cartas que surgieron de las lecturas, diálogos y charlas con las internas, tratando de visibilizar lo que ellas mismas piensan y sienten sobre el tema. Dejando de lado las creaciones dogmáticas para otro escrito, en este caso incluimos nada más y nada menos (¡?) que sus palabras:

“Ésta es una carta dirigida a las mujeres presas de la cárcel de San Martín, Bs. As. De las Mujeres de Bower (Córdoba) tras las rejas EP Nº3
A unidad Nº 46 y 48:

¡Hola Chicas! Después de haber leído su carta queremos decirles que estamos totalmente de acuerdo con lo que ustedes plantean acerca de la Educación: Lo importante que es estudiar, aprender, nos hace mejores personas. Nos da mucha satisfacción escucharlas porque somos MUJERES con mayúscula que luchamos por nuestros derechos tanto en la cárcel como en la vida cotidiana.

Aquí nosotras estamos en la misma situación. No podemos estudiar una carrera universitaria y recibir un merecido titulo después de nuestro esfuerzo, ya que el Estado no nos ampara con los recursos necesarios para su financiamiento. La universidad sólo nos llega de forma privada, si es que lo hacen, debido a la irregularidad en que los profesores asisten aquí. Entonces los talleres quedan como la única forma de aprendizaje. El personal elige de manera discrecional quienes pueden realizar los talleres y la verdad es que siempre vamos las mismas. La educación en la teoría es un derecho, en nuestra realidad es un premio. Los convenios firmados desde afuera de las paredes de la cárcel no nos benefician. Se nos discrimina al elegir en el desarrollo de nuestras capacidades, si trabajamos es casi imposible ir a un taller. En los talleres los productos concretos quedan para el servicio, no se nos permite obtener un rédito económico por ellos, el dinero que se gana por el trabajo ($3 por día) no lo vemos entonces dependemos que alguien de afuera nos lo provea.

Los talleres nos pueden servir para cuando salgamos pero no solamente a nosotras sino a las compañeras a las que no se las deja concurrir “por tener mala conducta y/o concepto”.

El problema de la educación está en el conocimiento. Se lo propone como algo que una debe ganar cuando viene a la escuela o universidad o talleres. Así mismo es difícil obtenerlo por otros medios. Por ejemplo si no vas a la escuela, no podes acceder a toda la biblioteca; en la biblioteca no hay información legislativa y no nos permiten tenerla salvo que tu abogado se lo solicite al juez. Es claro que se busca que no conozcamos nuestros derechos.

Logramos informarnos acerca de lo que sucede en la “sociedad libre” realizando un gran esfuerzo; la televisión se encuentra en los lugares comunes y se prende solicitando antes el control al servicio. El diario se lo paga con anticipación y no siempre llega en tiempo, claramente no tenemos acceso a medios de comunicación informáticos, es la radio el medio que se presenta como común y público. Que estemos informadas no les conviene, la información permite pensar, analizar, a veces hasta dar fuerza.
Como ustedes dicen por la condena se nos privó de nuestra libertad pero no de nuestros derechos”.