Deberá resolver una sentencia firme del caso Tecsa por $70 millones y dos fallos más, uno por los reclamos de Coniferal (se conoció el 31 de diciembre) y otro de Ciudad de Córdoba que saldría en 15 días. “La idea es buscar una salida consensuada”, admitieron el asesor Letrado, Carlos Varas, y el secretario de Economía, Gabriel Bermúdez.

El intendente Daniel Giacomino retomará hoy sus funciones al frente de la Municipalidad de Córdoba e iniciará así su último año de mandato en el que deberá afrontar, entre otros temas, tres sentencias judiciales en firme por unos 200 millones de pesos.

Se trata de un reciente fallo a favor de la empresa Tecsa, ex adjudicataria del proyecto de Municipio Digital durante la gestión de Germán Kammerath, y otro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que beneficia a la empresa Coniferal, prestataria del servicio de transporte urbano. En tanto, en no más de dos semanas se conocería una sentencia similar a favor de la empresa Ciudad de Córdoba, en línea con la que beneficio a Coniferal.
“Son temas que vamos a resolver una vez que se reintegre el intendente. La idea es negociar una salida consensuada y buscar el menor impacto financiero posible”, admitió en las últimas horas a Comercio y Justicia el asesor Letrado del Municipio, Carlos Varas.

Por su parte, el secretario de Economía, Gabriel Bermúdez, quien también se reintegra hoy, coincidió en que esos temas deberán resolverse “a más tardar en febrero”.
En rigor, Varas, Bermúdez y el propio Giacomino admiten que el municipio aparece en clara desventaja para negociar, atento a que las sentencias están en firme y son contrarias a la Comuna.
Con todo, Varas y Bermúdez apuntaron a algunas salidas posibles.
“En el caso de las empresas del transporte hay una decisión de proponer una extensión del contrato como una de las alternativas para no afrontar la sentencia”, admitió Varas. Esa chance ya había sido deslizada por Giacomino tiempo atrás aunque fue desechada de plano, al menos por Coniferal.

Por su parte, Bermúdez aseguró que pagar no siempre significa hacerlo en efectivo.
“Hay diferentes formas de afrontar las sentencias”, admitió en alusión a los juicios de las prestatarias del transporte urbano.
Recordó que el fallo del TSJ apunta a encontrar una salida al tema en 90 días.  En el caso de Tecsa la situación parece más complicada. “Están en condiciones de ejecutar”, admitieron Varas y Bermúdez.

El municipio pretende pagar en 36 cuotas y con una tasa en torno a 18% anual. Por su parte, Tecsa estaba dispuesta a cobrar en no más de 24 cuotas y con una tasa de 32% que es la tasa judicial.
Como fuere, la intención del municipio es abocarse a resolver el tema en lo inmediato atento a que ya no hay más alternativas.
“Las bombas iban a estallar en algún momento y lamentablemente nos explotaron a nosotros”, graficó por su parte una fuente del Palacio 6 de Julio, bien al tanto del impacto que tendrán esas sentencias.

Es que en caso de tener que cancelarlas este año, las demandas implicarán casi 10 por ciento del total de gastos previstos de 2.786 millones de pesos o, visto de otro modo, se llevarán un porcentaje similar de los recursos previstos para 2011, toda vez que el Presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante prevé equilibrio fiscal.

Las sentencias
En el caso de Tecsa, y tal como lo anticipó este medio, el reciente fallo de la Cámara Cuarta de Apelaciones Civil y Comercial, deja en firme la sentencia del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de esta manera ordena a la Municipalidad  erogar los certificados impagos por la prestación de Tecsa durante la gestión Kammerath.
El monto que involucra la decisión ronda 70 millones de pesos y, según anticipó el referente legal del grupo demandante, Mario Ignacio Martínez Crespo, la intención es ejecutar en lo inmediato el fallo.

El contrato con Tecsa que se firmó en mayo de 2001, se rescindió un año después por decisión unilateral de Kammerath. La compañía, que en rigor está compuesta por tres accionistas, realizaba tareas de colaboración en el recupero de deuda tributaria y, además, proveyó soporte informático de diferente tipo.
La empresa aún espera decisión con respecto a otra demanda por lucro cesante (el contrato se extendía por ocho años y sólo se ejecutó uno). En caso de resultar favorable, el municipio debería erogar otros 70 millones de pesos.

Por su parte, las demandas de Coniferal y Ciudad de Córdoba se relacionan con la falta de actualización de la tarifa conforme el dictamen de los estudios de costos oficiales.
La demanda se originó a partir de la sanción y promulgación de una ordenanza que fijó un aumento del cospel de 80 a 95 centavos, pese a que la comuna  había determinado un monto superior en los estudios de costos relevados. Las prestatarias interpusieron entonces una demanda por entender que el aumento no se condecía con el estudio de costos y era violatorio al contrato vigente.

En ese marco, el 31 de diciembre pasado se conoció que Coniferal obtuvo un fallo favorable del TSJ que -no obstante- el Municipio podría recurrir aún ante la Corte Suprema de Justicia.
Con todo, la intención de Giacomino sería desactivar esa demanda y buscar una salida consensuada con las empresas en los próximos 90 días.
Por ahora, esa posibilidad aparece seriamente comprometida.
Es que las empresas no aceptan en principio una extensión del contrato como prenda de cambio.

¿Otro juicio en puerta?
Más aún, el tema de la diferencia de tarifas entre el estudio de costos oficial y el aumento que termina aprobando el Concejo Deliberante volvió a convertirse en un nuevo frente de conflicto en los últimos días luego de que el cuerpo deliberativo aprobó una suba sensiblemente menor que la solicitada por la comuna.
La situación terminó por complicarse a partir de un artículo de la ordenanza que requería a las compañías desistir de un eventual reclamo para poder cobrar la nueva tarifa.

En ese marco, Víctor Tairico, referente de Ciudad de Córdoba, admitió que la compañía, si bien cobra el boleto al nuevo valor de 2,20 pesos, sólo percibe dos pesos. “Nos negamos a avalar esa cláusula”, advirtió y deslizó que el tema podría derivar en una futura nueva demanda a la Municipalidad.