Ahora acusan al Gobernador de no haber llamado a licitación para realizar el parque temático. La causa pasó  a manos del fiscal del fuero anticorrupción, Gustavo Hidalgo.

La organización para la Defensa del Ambiente (Funam) se presentó ayer nuevamente en los tribunales cordobeses para ampliar la denuncia contra el gobernador, Juan Schiaretti, en el marco de la polémica que desató la demolición de la Casa de las Tejas.
En esta oportunidad la organización ambientalista acusa al primer mandatario y a los funcionarios responsables de no haber llamado a licitación o a concurso para comenzar la construcción del Parque de las Tejas, cuya inversión ronda $12 millones.

Hay que recordar que para “ahorrar tiempo” la Provincia decidió concesionar las obras a tres cámaras empresariales: la de Turismo, la de Comercio y la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc), todo obviando el correspondiente llamado a licitación pública. Eso es precisamente lo que reprocha la Funam al gobierno de Schiaretti.
La ampliación de la denuncia se realizó ayer ante el fiscal Anticorrupción Nº2, Gustavo Hidalgo, sobre quien recayó ahora la causa penal. Se trata del tercer funcionario judicial que tiene en sus manos la denuncia de Funam, la cual -en un primer término- sólo atribuía a Schiaretti los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa pasó con polémica a ese fuero luego de una primera instrucción por las fiscales Dolores Romero, primero, y Antonia de la Rúa, después.

Más acusaciones
Tras realizar la presentación judicial, el titular de Funam, Raúl Montenegro, anunció que podría hacer una nueva ampliación de la denuncia penal para que se investigue, a su vez, si efectivamente se están arrojando escombros de la Casa de Gobierno a la Cañada, a la altura de barrio Bella Vista.
Según remarcó, si ello se comprueba la Provincia estaría violando la ley nacional de residuos peligrosos Nº 24051.

“Esos escombros es posible que tengan materiales peligrosos; pueden tener metales, plomo; recordemos toda la variedad de cosas que había en esa construcción. Pueden producir envenenamiento del agua, están degradando una cuenca hídrica”, aseguró Montenegro.
Al mismo tiempo, consideró que la responsabilidad por el destino de los escombros corresponde tanto a la Provincia como a la Municipalidad de Córdoba, y que deberían existir informes de especialistas; uno de impacto ambiental por la demolición y un aviso de proyecto aprobado. “En este tipo de demoliciones se suele hacer reciclaje de todo lo que se puede rescatar, pero en este caso el Gobierno quiso demoler rápido, no recicló nada y envió todo en forma masiva como escombro”, resaltó.

Amparos
Tal como anticipó ayer Comercio y Justicia, el juez de la Cámara 6ª del Crimen, Julio Guerrero Marín, rechazó los dos amparos iniciados por el abogado Hugo Torossián en representados de dos centros de jubilados.
Tras notificarse de la resolución, el letrado confirmó a este diario que no recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ),  aunque fue muy crítico con la decisión de Guerrero Marín.

Torossián remarcó como un grave “error jurídico” que en la sentencia el juez asegurara que “aun si estuviera en desacuerdo con lo resuelto por Aranda” – el primer magistrado que entendió en el amparo- no se pronunciaría en contra porque “el orden jurídico no admite sentencias contradictorias”.
“Todos los días vemos sentencias contradictorias sobre un mismo asunto. Lo que luego puede suceder es que nuestro máximo tribunal, el Tribunal Superior de Justicia, se pronuncie en un sentido o en otro, pero negar que un juez pueda discrepar con un colega constituye un verdadero disparate”, subrayó el abogado.